SNIJ atenta contra autonomía judicial de estados: Ojeda

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de mayo de 2016.- El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, manifestó que el Ejecutivo federal pretende imponer un Sistema Nacional de Impartición de Justicia, lo que implica el riesgo de instalar un sistema supraconstitucional que se coloca por encima de los poderes judiciales locales de los estados, informó el Grupo Parlamentario del PRD a través de un comunicado.

El legislador del sol azteca manifestó sus reservas por las iniciativas presentadas en la materia, ya que este tipo de ordenamientos atentan contra el federalismo y la autonomía de los estados.

Consideró que resulta peligroso que se pretenda establecer una normatividad vertical en la que se corre el riesgo de pasar por alto usos, costumbres y doctrinas que cada estado ha implementado de acurdo a sus características sociales.

Subrayó que imponer criterios judiciales que queden plasmadas de manera uniforme hacia todos los tribunales en la República Mexicana, limita la generación de criterios de avanzada  y reduce la cultura jurídica, provocando imposición de una idea absolutista.

Dijo que la propuesta presidencial rompe con el sistema judicial republicano, bajo la excusa de generar facilidades del trámite; sin embargo, abundó, en la práctica lo que se hará es la imposición de criterios desde Baja California hasta Yucatán, pasando por alto la idea fundamental de que los legisladores locales y jueces como operadores de derecho, atienden de acuerdo a las características sociales de la entidad en que se encuentre el marco normativo.

Por poner un ejemplo, explicó, si existiera un código nacional civil familiar, en el Distrito Federal no se hubiese logrado legislar en materia de matrimonio de sexo indistinto y la adopción por éstos, ni tampoco se hubiese avanzado en el divorcio incausado conocido coloquialmente como exprés, ya que este tipo de leyes sólo se logran en repúblicas donde impera el federalismo y las ideas de avanzada, requisitos que el gobierno federal ha demostrado carecer.

Por otra parte, el diputado Ojeda señaló que la intención de establecer una ley general de justicia cívica puede atentar contra las libertades, ya que en este tipo de ordenamientos es donde se regula los procedimientos de las manifestaciones públicas, así como a las marchas y otros ejercicios de la democracia participativa.