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MÉXICO, 30 de diciembre de 2014.- Los tres principales partidos en la capital del país se vieron inmersos en escándalos, debido a acciones de sus militantes, y a la reacción de sus dirigentes.
El mayor escándalo fue el descubrimiento en abril de una red de prostitución y trata de personas operada con recursos públicos, por parte del ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez.
Aunque fue depuesto de la dirigencia capitalina, no fue expulsado del partido. El caso llegó al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), que consideró que no había elementos para hacer una investigación. Pero con la integración de un nuevo consejo electoral, el IEDF reabrió el caso el 11 de noviembre pasado.
La Coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), María de los Ángeles Moreno Uriegas afirmó en conferencia de prensa que era una “ofensa gravísima” para la sociedad que no se haya procedido legalmente contra el ex dirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de operar una red de trata y explotación sexual.
“Es una ofensa gravísima que se hable, se diga y habiendo pruebas no se proceda contra un individuo que está bajo esa sospecha y no se le procese aunque haya vencido la fecha”, dijo la asambleísta un día después de ser reabierto el caso.
Otro escándalo fue el que salpicó al Partido Acción Nacional (PAN) capitalino con la detención de dos de sus militantes, Rafael Medina y Sergio Eguren, en el Mundial de Brasil 2014, por acoso sexual contra una mujer y golpear a su esposo. Los panistas eran además funcionarios de la delegación Benito Juárez, encabezada por Jorge Romero y la única demarcación panista en el DF.
Los panistas fueron apresados el 1 de julio, pero regresaron a México el 26 de noviembre, luego de pagar una fianza. Rápidamente Medina se integró a la vida interna del partido, como lo mostró una imagen del 11 de diciembre donde aparece acompañado de otros panistas, como los asambleístas Priscila Vera y Orlando Anaya en la posada panista de Cuajimalpa.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) del DF se vio también inmerso en el escándalo.
El 7 de septiembre en los comicios internos para elegir consejeros nacionales y estatales, integrantes de Izquierda Democrática Nacional (IDN) acusaron a miembros del Movimiento de Equidad Social de Izquierda (MESI), encabezado por la asambleísta Dione Anguiano y afín a Nueva Izquierda (NI), de recorrer Iztapalapa, repartir despensas a cambio del voto e intimidar a militantes en dos camionetas Hummer.
Fue un tema que incluso fue expuesto en sesiones del consejo nacional perredista, pero sin sanciones para nadie.
Para el autor del libro “Control y vigilancia del origen, monto y uso de los recursos partidarios”, Jesús Navarro, conductas protagonizadas por militantes y que no sean sancionados por autoridades partidistas, ponen en entredicho a los partidos, ya que las instituciones políticas deberían ser las primeros en velar por el Estado de Derecho, ya que son considerados los líderes del país y son el ejemplo a seguir.
El experto en partidos consideró que sin un Estado de derecho sólido, no hay democracia efectiva.
“Así transformemos el espíritu de nuestras leyes y la estructura de la cosa pública, no se verá cualitativamente un verdadero cambio, y el desánimo social seguirá avanzando”, advirtió.
“El imperio de la impunidad se disemina de los líderes sociales a la base del imaginario colectivo en donde violentar la ley en beneficio particular y en detrimento del todo, lesiona cualquier proyecto de país”, dijo a Quadratín México.
“En un país en donde violar la ley tiene un costo beneficio, alentar la impunidad puede ser una estrategia que resulte lucrativa. Sin embargo, casos como Ayotzinapa, la inseguridad en Coahuila, Tamaulipas y el estado de México nos indican que ya todo se salió de control y sugieren que regresar al Estado de derecho puede ser el único camino como nación”, concluyó.