Se amparan Radios Comunitarias contra Ley Telecom

MÉXICO DF, 13 de octubre de 2014.- Por considerar que la Ley de Telecomunicaciones atenta contra derechos humanos internacionales, Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC) emprendió una serie de 10 amparos contra dicha legislación, a fin de garantizar igualdad y acceso pleno de las radios rurales al sistema radioeléctrico para transmisiones locales, en circunstancias similares a las que se otorgan a las transmisoras comerciales.

«Creemos que el espectro radioeléctrico es un bien de la nación que tiene que estar distribuido de forma democrática y no discriminatoria, no sólo el comercial y público, sino incluir el comunitario», expresó Gisela Martínez de AMARC.

Mediante 10 demandas de amparo interpuestas ante los Juzgados Primero y Segundo Administrativo Especializado en Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia, distintas radios comunitarias e indígenas como La Voladora Radio, Radio Xalli, Radio Nandhía, Radio Tierra y Libertad y Neza Radio, las comunidades indígenas de Tlacolula y de Teotitlán en Oaxaca, así como productores independientes de la Asociación Mexicana de Productores Independientes; pretenden se declaren inconstitucionales distintas disposiciones contenidas en la recientemente entrada en vigor Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Entre las inconformidades destacan que la legislación establece que se pueden suspender transmisiones para proteger la audiencia y los intereses de la niñez, sin que existan lineamientos y criterios que determinen dichos conceptos, mismos que violan estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

Además, en torno al otorgamiento de las frecuencias, la ley determina que «al menos» deben cumplir dichos requisitos, sin embargo a la hora de solicitar los permisos los requerimientos, se incrementan hasta niveles incumplibles por las radiodifusoras locales.

Sobre las multas y permisos, el problema se agrava, ya que según los representantes de derechos digitales y radios comunitarias, las radiodifusoras locales pasan varios años solicitando un permiso, sin que se cuenten con certezas jurídicas para lograrlo, tiempos límites o procesos establecidos y las autoridades en vez de solventar estos problemas, las cierran y decomisan los equipos.

Finalmente en torno al acceso a los recursos, se les negó el financiamiento vía donativos, patrocinios, se les restringe transmitir publicidad comercial, mientras a las radios comerciales les incrementa las prebendas.

«La publicidad gubernamental siempre ha sido en México un elemento de coerción a los medios que no gustan o son incómodos y para premiar a las líneas editoriales que son oficialistas, lo que es lamentable porque las radios comunitarias se dejan al arbitrio de los poderes locales», apuntó la funcionaria de AMARC.

Por su parte, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, así como el productor indígena y escritor, Mardonio Carballo, coincidieron que no es casualidad que en la nueva Ley de Telecomunicaciones se estén atacando a los medios comunitarios e indígenas y a cualquier tipo de radiodifusión por presentar un obstáculo a la agenda del gobierno federal que implique oposición a su proyecto.

Además de la desprotección en la que viven los comunicadores locales, apenas este fin de semana fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, Atilano Román Tirado, el líder de un grupo de unos 800 agricultores cuyas tierras se vieron inundadas por la construcción de la presa Picachos en el estado, mientras transmitía su programa semanal en una radio local, informaron las autoridades de justicia del estado de Sinaloa, en el noroeste de México.