Revira Fernández Noroña ante amago de Trump sobre aranceles
MÉXICO, DF, 10 de septiembre de 2015.- El debate en sesión de este jueves en la Cámara de Diputados la protagonizaron el Partido Verde y PRD al enfrentarse con acusaciones desde tribuna por el Informe Ayotzinapa presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas.
A unos días de conmemorarse un año de los acontecimientos suscitados en Iguala, al fijar posicionamiento de su partido, el diputado del PVEM Arturo Álvarez Angli, reprendió que el origen del problema de Ayotzinapa fue la presencia de un gobierno municipal corrupto y vinculado con el crimen organizado, además avalado, impulsado y respaldado por el PRD.
Con vitoreos y aplausos de priístas y verde ecologistas por el discurso, el legislador guerrerense sostuvo que la atención tardía e ineficaz del gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero no supo qué hacer para atenderlo y resolverlo.
El ex diputado local de Guerrero señaló como el primer responsable directo del crimen y tragedia al ex gobernador del PRD, también avalado por el PAN en la contienda electoral en la que resultó triunfador.
“A nadie le ha dolido más que a los guerrerenses. Nadie padeció más el asunto, la tragedia de Ayotzinapa, como lo padecimos los guerrerenses”, expresó desde la tribuna del recinto legislativo de San Lázaro.
En nombre del Partido Verde, sumó a la exigencia de conocer, por lo menos, una versión jurídica sólida y probada de los hechos, para dejar medianamente satisfechos a la mayoría de los mexicanos.
Álvarez Angli defendió que en más del 80 por ciento de las investigaciones son coincidentes tanto los expertos de GIEI, como los peritos de la Procuraduría General de la República, pues consideró irresponsable intentar desacreditar las investigaciones de los peritos con la misma calidad y credenciales que los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Continuó su discurso en contra del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló impulsó la campaña y la candidatura de José Luis Abarca, cuando tuvo en sus manos un expediente que lo vinculaba con el crimen organizado; sin embargo lo siguió apoyando a través de Lázaro Mazón, quien era su precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero.
Por ello, exigió que si se llamará a comparecer a la procuradora Arely Gómez, también se haga con Lázaro Mazón, López Obrador y al senador Armando Ríos Piter para explicar sus vínculos con el matrimonio Abarca Pineda.
“Me sorprende que el Grupo Parlamentario de Morena tenía tanto interés en tocar el tema, pero no menciona su relación, no menciona su origen, no menciona a dónde fue a dar el dinero que José Luis Abarca pagó por ser candidato y que seguramente financió la creación del apéndice del PRD, que es Morena”, vapuleó.
Enseguida, del PRD Cristina Gaytán Hernández, refutó que no es su partido quien ha dado un uso político a la desgracia de Iguala, pues es claro que no evadió las responsabilidades al estar el matrimonio Abarca en la cárcel y Ángel Aguirre renunciar a su cargo.
“¿Quién es el alcalde que está en su casa, el alcalde de Cocula y que pertenece al PRI?”, dijo en contrarrespuesta a las acusaciones del Verde, de quien se refirió como partido político violador sistemático de la ley.
Contradijo que la crisis de credibilidad y confianza del Gobierno federal llevó a diversos organismos y organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, a sumarse a la búsqueda de los 43 normalistas.
La perredista reclamó que no ha podido interrogar directamente a los militares del 27 Batallón de Infantería ni la PGR tampoco ha aclarado la supuesta presencia de militares la noche de los hechos.
Por ello, exigió la inmediata renuncia de Arely Gómez y se inicien los procedimientos de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam, por encubrimiento, asociación delictuosa, abuso de autoridad, delitos contra la dignidad de las personas, sin menoscabo de los procedimientos en materia penal, administrativa y civil que correspondan.