Se oponen sectores comerciales a  reformas a Ley Antilavado del Senado

MÉXICO, DF., 23 de septiembre de 2015.- La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, la Cámara de la Industria Joyera y Platera, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y casas de subastas manifestaron su oposición a las reformas a la Ley Antilavado que se gesta en el Senado de la República.

Vicente Yáñez Solloa, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), destacó que con la reforma, los negocios estarían obligados a contar con un registro de cada uno de sus clientes y de cada operación de venta realizada, lo que engrosaría su carga administrativa y elevaría sus costos.

“No es difícil de concebir la enorme carga administrativa y los costos que les conllevaría a las empresas cumplir con tales requisitos, ya que cerca de 20 millones de clientes acuden todos los días a las tiendas y la reforma dice que habrá de cerciorarse que cada uno de sus clientes no haya rebasado los umbrales establecidos y en caso contario dar aviso a la Secretaría de Hacienda”, explicó el represente de la ANTAD.

En el marco de la Consulta sobre la iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, celebrada en el Senado de la República, Miguel Cotero, de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del estado de Jalisco, reclamó a los senadores que se haya catalogado a la industria como “lavadora de dinero”.

“La afectación que hemos tenido nosotros con el tema de la implementación de esta ley, es que ya tenemos una etiqueta de que somos lavadores de dinero; y somos una industria tan lícita y tan justa y tan legal, como cualquier otra industria que existe en este país”, afirmó Cotero.

En este sentido, pidió reconsiderar en el proyecto de reforma la excesiva sobrerregulación para la industria, que además de encarecer los costos administrativos, trae consigo excesivos costos de tributación en sus actividades comerciales.

Todos los meses hay que presentar, aparte de las declaraciones con la Secretaría de Hacienda, un aviso diciendo que no tenemos nada que avisar, lo que cae en doble o triple tributación”, advirtió el representante joyero.

Guillermo González Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, puntualizó que la aplicación de la ley ha generado compromisos operativos que corresponderían a la autoridad y han tenido que asumir las empresas que se consideran de “actividades vulnerables”,  como el registro de operaciones, identificación de clientes y la eventual elaboración de avisos a la autoridad, siendo las sanciones por su incumplimiento uno de los riesgos para las empresas.

“La forma en la que está concebida la ley y las sanciones contempladas en le misma, han generado un riesgo muy importante, ya que es muy fácil incumplir la ley, si hubiera una auditoría en este momento estaríamos en riesgo de tener que entregar las llaves de muchos negocios, y no es porque exista dolo, ni es porque exista ninguna intención de estar al margen de la ley”, precisó González Zárate.

Por ello requirió que se revise en la legislación la obligación de informar a la autoridad hacendaria todas las contraprestaciones en efectivo, arriba de 100 mil pesos; ya que dijo está plenamente cubierta en la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se cae en sobrerregulación de las actividades empresariales.

Horacio Rodríguez Anzaldo de Morton Casa Subastas, apuntó que con la llegada de la Ley Antilavado de 2013, el negocio se vio impactado en diversas áreas, limitando su funcionalidad, efectividad y productividad y, por lo tanto, afectando las oportunidades de desarrollo y crecimiento.

De acuerdo con el empresario, la ley en vigor, determina que en cada ocasión que se presente una compra tenemos que solicitar al comprador toda la documentación si es que esta compra cae dentro de los umbrales de identificación o reporte, factores que han impactado en los procesos de compra-venta en México.

“Han generado que muchos de los compradores y vendedores de arte, joyas y antigüedades prefieran hacer estas operaciones fuera del país; aunado a que muchos de los compradores no quieren proporcionar información personal, ya que temen a que no le den buen uso a la información que están entregando y que va a ser reportada”, detalló Rodríguez Anzaldo.

En la propuesta de reforma presentada en abril pasado, se contempla el incremento de los montos de operaciones reguladas por la Ley Antilavado, así como reducir, con instrumentos institucionales y de inteligencia financiera, operaciones con recursos de procedencia ilícita y agrega avisos cuando las operaciones de compra y venta excedan los montos precisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.