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Sin Félix, se reúnen aspirantes de Morena a gubernatura de Guerrero
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril de 2016.- El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permitirá la libertad anticipada de más de 40 mil personas que se encuentran recluidas acusadas de poseer dosis mínimas de marihuana o por robo sin violencia, cuyo monto no exceda 80 salarios mínimos.
El espíritu lo es reestructurar el sistema penitenciario con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, según signa el documento.
Además, establece las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y la regulación de los medios para lograr la reinserción social.
Se establece que podrán acceder, de manera inmediata, al beneficio de libertad anticipada todas aquellos reclusos que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la “posesión sin fines de comercio o suministro, de cannabis sativa, indica o marihuana, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia, ni la concurrencia de más delitos”.
Sin embargo, no se especifica el monto máximo como lo establecía la propuesta original.
Al presentar el dictamen, el presidente de la comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, resaltó que el nuevo modelo se aleja de la “vieja escuela” de readaptación social, que data de 1971, para transformarse en un sistema penitenciario que deja de ser el centro de convivencia y de desarrollo de la delincuencia, es decir, “la escuela del crimen”.