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MÉXICO, DF, 19 de julio de 2014.- El Senado aprobó en lo particular el primer dictamen de la reforma energética, el cual incluye la Ley de Hidrocarburos.
Con 91 votos a favor y 26 en contra, fueron aprobados todos los artículos que fueron reservados durante casi 15 horas de discusión y que no sufrieron modificaciones.
Se prevé que la discusión continúe a partir de las 11:00 horas en el Senado.
En el tema de asignación de contratos, en el que se reservaron 32 artículos de la Ley de Hidrocarburos, los grupos parlamentarios del PRD y del PT afirmaron que el proceso de asignación de las áreas de explotación de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) debe pasar por el Congreso de la Unión para garantizar que se maximicen los intereses del Estado. En tanto, el PRI y el PVEM señalaron que el dictamen fortalece a la empresa del Estado, busca el desarrollo económico y la seguridad energética de nuestro país.
Al presentar las reservas sobre este eje temático por el grupo parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna, subrayó que en sus presentes términos la “Ronda Cero” constituye el primer paso hacia la privatización, ya que se le asignarán a Pemex el 42 por ciento de las reservas de hidrocarburos y recursos prospectivos, mientras que el 58 por ciento restante quedarán en manos de particulares.
En la discusión en lo particular referente al tema de corrupción y rendición de cuentas, el senador Zoé Robledo Aburto destacó que la corrupción y opacidad son conceptos asociados a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que es difícil que cuando se abra el sector, de manera automática, llegarán las inversiones extranjeras.
Las compañías globales, dijo el legislador del PRD, tienen la percepción de que estos problemas son el mayor riesgo para hacer negocios en México. Por ello, propuso modificar 10 artículos del proyecto, a fin de establecer objetivos claros para evaluar a empresas y funcionarios, así como para fortalecer la coordinación entre organismos fiscalizadores.
Al manifestar su voto en contra de las propuestas, la senadora Arely Gómez González, del PRI, aseguró que el régimen de transparencia propuesto, abonará a prevenir, combatir y sancionar la corrupción que pueda presentarse durante las operaciones comerciales que realizarán las empresas productivas y los actos de autoridad que emitirán los órganos reguladores en la materia.
En opinión del perredista Adán Augusto López Hernández los mexicanos no podrán confiar en esta ley, pues ésta se sustenta “en la mentira” porque establece un régimen de excepción para los funcionarios del sector energético y mientras no se castigue a los que han incurrido en responsabilidades toda lucha contra este mal “será cosmética”.
Para el senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, los organismos que se contemplan se sujetan a lo que establece la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.
Al debatir el tema de yacimientos transfronterizos, el Grupo Parlamentario del PRD se pronunció porque en la nueva legislación se dé prioridad a los intereses de México para garantizar equidad en el acuerdo con Estados Unidos; mientras que senadores del PRI, PAN y PVEM coincidieron que la Ley de Hidrocarburos se suma en el tratado sobre la exploración de hidrocarburos en el Golfo de México.
En este sentido, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, sostuvo que se fijó un mínimo de 20 por ciento de participación de Pemex en la explotación de yacimientos transfronterizos, pero no se previeron garantías para que la paraestatal mexicana tuviera una participación mayoritaria frente a empresas privadas.
Dichas reservas, apuntó, tienen el propósito de establecer cinco ejes medulares: proteger los derechos soberanos de México sobre hidrocarburos; asegurar una distribución equitativa con Estados Unidos; facilitar la actividad regulada entre ambas naciones; dar certeza jurídica; y garantizar operaciones con seguridad ambiental.
Al manifestar su voto contra las reservas, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del PRI, aseguró que la iniciativa se suma al acuerdo entre México y Estados Unidos, relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que entró en vigor ayer viernes.
La obligación de que Pemex u otra empresa productiva del Estado tenga una participación de al menos 20 por ciento en los contratos para la exploración y extracción en este tipo de yacimientos, aseveró, permitirá salvaguardar la soberanía nacional y proteger la propiedad de la nación.