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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero de 2016.- Representantes empresariales, de trabajadores y académicos, presentaron diversas propuestas en materia laboral y coincidieron en la importancia de preservar el sentido social de la legislación en materia laboral, dentro de la quinta jornada del Foro de Consulta para la Justicia Laboral Cotidiana, que realiza la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que María Luisa Campos, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, subrayó el alto sentido social de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución Política del país.
Destacó que el Artículo 123 contiene las conquistas de los trabajadores como: el carácter tutelar de la ley; el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales; la estabilidad en el empleo; la jornada máxima; el salario mínimo; la libre sindicalización; y el derecho de huelga, entre otros.
Remarcó que todos estos derechos fueron conquistados por medio de la lucha social, y argumentó que el desarrollo social y equitativo que se busca en nuestra Constitución se establece, justamente, por el equilibrio entre el desarrollo individual, armonizado con los intereses y derechos sociales que conforman la sociedad mexicana.
Ante una eventual reforma para la mejora en la administración de la justicia laboral cotidiana, indicó que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos seguirá actuando ante los diversos mecanismos jurídicos para pugnar por conservar los derechos conquistados por los trabajadores.
Por su parte, José Manuel Cervantes Bravo, Jefe del Departamento Jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, hizo referencia a las cargas de trabajo que tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo que consideró indispensable que se les otorgue mayores recursos materiales y humanos.
“Es impresionante ver a funcionarios de las Juntas invirtiendo de su salario para poder cumplir con su trabajo. Eso no se vale”, manifestó al afirmar que “con pura legislación no se puede tener una pronta justicia laboral”.