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MÉXICO, DF., 24 de mayo de 2015.- La Ley General del Partidos fue diseñada para que ningún organismo político pierda su registro salvo tres causales: no participar en un proceso electoral, no lograr el 2 por ciento de la votación o haberse fusionado con algún otro partido, por lo que no existe ruta jurídica clara para retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró Sergio Bárcena Juárez, investigador del departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey.
Esto luego que ante la falta de certeza jurídica sobre el procedimiento a seguir para retirar el registro a un partido político, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la semana pasada, desechara iniciar un procedimiento para retirar el registro al Partido Verde, por lo que será la Secretaría Ejecutiva del Instituto la que determine el proceso a seguir.
En este marco, Bárcena Juárez puntualizó que el argumento citado por los partidos de oposición al Verde, sobre las violaciones graves y sistemáticas es abstracto y ambiguo y depende del Consejo General del INE, sin embargo ellos ya han definido que nos las hay.
“A pesar de que hayan turnado el asunto a la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral, es finalmente el Consejo General el que tiene que emitir los juicios sobre si un partido violó o no las leyes federales y los consejeros ya dijeron que no es clara la ley diseñada para eso”, recalcó.
Frente a la presión de los partidos políticos como PAN, PRD y Morena, Bárcena Juárez, agregó que el resolutivo del Consejo General del INE responde al tiempo electoral, por lo que fue turnado a la Secretaría Ejecutiva ganando tiempo a que concluyan las elecciones y sea menos probable retomar el asunto en el Pleno.
Pese a este panorama, el analista electoral coincidió que el Verde Ecologista ha violentado la ley reiterada y sistemáticamente, pero la mayoría de las faltas están previstas en el proceso sancionatorio, lo que da una ruta legar para castigar, como son las multas por más de 389 millones de pesos, antes de recurrir a la pérdida del registro.
”Casi todas sus fallas están previstas en el proceso sancionatorio y se les castiga con una multa, el problema es que la definición de una violación grave no es clara, para definir ´grave´ tendría que sobrepasar los lineamientos del proceso sancionatorio y no es así, acotó el consultor electoral.
Finalmente, en torno a los señalamientos de los partidos sobre la presunta ‘inversión’ de multas a cambio de los votos que redituarán sus violaciones, Bárcena Juárez, descartó que su nivel de votación se mantenga o crezca.
“Esta afirmación parecía real hasta principios de abril, porque sí incrementaron sus preferencias momentáneas, pero esa preferencias fueron coyunturales por la presencia del partido en los medios, pero al momento dudo que reflejen un mayor apoyo del votante”, concluyó.