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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril de 2016.- El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, alertó que si bien una parte de la sociedad rechaza el delito de tortura, otra la acepta, en casos de narcotráfico, violación, secuestro, extorsión, robo, traición a la patria o fraude.
Mediante un sondeo, Rochín del Rincón concluyó que la población que acepta la comisión de estos ilícitos lo hace sólo en casos relacionados con “justificando su uso para la consecución de ciertos fines como un instrumento eficaz para la obtención de la verdad, forma de sometimiento o de castigo”.
A través del documento Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, que entregó este jueves el funcionario federal al Senado de la República –y del cual Quadratín México tiene copia–, la CNEAV alertó como “preocupantes” los resultados.
“Si bien se advierte, en general, un rechazo al concepto tortura con una visión mayoritaria respecto a su gravedad; (…) en lo particular existe un porcentaje significativo que acepta o legitima su utilización como práctica pese a identificar su nivel de gravedad”, agregó.
El funcionario federal alertó que los resultados también prevén temor de ser una víctima más de este delito, “una tercera parte teme ser sujeto de tortura si es detenido, desapareciendo la barrera entre considerar que solamente a otras personas imputadas les puede ocurrir tal hecho”.
Dentro del informe, que ya se encuentra en manos de los cinco líderes parlamentarios en el Senado de la República, –PRI, PAN, PRD, PVEM y PT–, sitúa como a los principales agentes torturadores a elementos policiales, seguido de agentes del Ministerio Público y miembros de las fuerzas armadas.
“Si bien como factores de persistencia de la tortura en México fueron atribuidos la corrupción, las malas prácticas y la falta de capacitación de las autoridades, así como la impunidad y dificultad para acreditar los hechos de tortura, el presente Diagnóstico suma como un factor de permanencia el elemento cultural, ya que una parte importante de la población justifica su práctica bajo determinados parámetros citados anteriormente”, expresó.
Rochín Del Rincón alertó al Congreso de la Unión a confeccionar “un marco jurídico nacional e internacional extenso sobre la proscripción de la tortura, no trascenderemos a su plena eficacia y erradicación mientras las personas no tengan conocimiento de ello y, sobre todo, la toleren o acepten como algo necesario para la obtención de ciertos fines”.
“Si logramos avanzar en que la sociedad sea consciente, sensible y solidaria de que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen derechos humanos y que nadie debe o merece ser torturado, sin duda daremos un paso importante en la consolidación de un Estado constitucional de derecho, una cultura de los derechos humanos y la erradicación de la práctica de la tortura”, explicó.