Solicita Senado a SFP investigar gestión de Mony de Swaan en Cofetel

MÉXICO, DF, 10 de febrero de 2015.- El pleno del Senado de la República solicitó al nuevo secretario de la Función Pública, SFP, Virgilio Andrade Martínez y a la Auditoria Superior de la Federación, investigar al ex comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, por presuntas irregularidades durante su gestión.

De acuerdo con el Punto de Acuerdo aprobado con 58 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención, la SFP deberá indagar sobre quién o quiénes son los responsables de la autorización de la contratación de la consulta Mckinsey por parte de la extinta Cofetel, y si el procedimiento de contratación cumplió con las formalidades establecidas en la ley.

Además buscará determinar el vínculo laboral, profesional de asesoría o de cabildeo entre Mony de Swaan Addati con la Consulta Mckinsey y las empresas Virgin Mobile y Tresalia con objeto de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones establecidas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de aquellas que resulten aplicables.

Cofetel fungió como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe constituirse con la organización y las facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, sin embargo fue transformado en el actual sexenio para convertirse en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Ante dichas atribuciones, según el promotor de la solicitud, el senador panista, Javier Lozano, De Swaan Addati, contrató por aproximadamente 100 millones de pesos a la Consultora McKinsey, para que elaborara un informe sobre la conveniencia de crear una red abierta de telecomunicaciones, en la banda de 700 megahertz y formó un vínculo laboral, profesional de asesoría y cabildeo con la Consultoría Mckinsey, la empresa “Virgin Mobile” y la compañía Tresalía.

En la proposición, se pide el deslinde de responsabilidades y aplicar las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos y las que resulten aplicables.

La investigación, de acuerdo con Lozano Alarcón es trascendental, ya que existe la posibilidad de que el análisis que hizo la Consultora McKinsey pudo privilegiar intereses particulares.