Reforma judicial deja sin protección a periodistas: Jan Albert Hootsen
MÉXICO, DF, 4 de septiembre de 2014.- Los diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano solicitarán a la Procuraduría General de la República la liberación inmediata del ciudadano hondureño, Ángel Amílcar Colón, detenido y torturado desde el 2009 en Tijuana, Baja California; debido a las violaciones de sus derechos humanos y violación al debido proceso.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia García, señaló a Quadratín México, que desde el ámbito de la competencia del órgano legislativo que preside es demandar para sancionar a los funcionarios que sentenciaron para que el caso no quede impune.
“Quienes no siguieron un procedimiento apegado al derecho deberán ser sancionados. Están violentando el derecho a la libertad y a la consideración de inocencia de un migrante”, dijo a pregunta expresa, en referencia al caso que se dio durante la administración de Felipe Calderón, cuando se dio un aumento considerable del delito de tortura.
En conferencia de prensa, legisladores del PRD y defensores de los derechos humanos del Centro Agustín Pro, solicitaron la PGR retirar los cargos; además que dicha institución analice el expediente 53/2009 que se lleva ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales para presentar conclusiones de no acusación.
Ángel Amílcar Colón fue detenido el 9 de marzo de 2009 por elementos de la Policía Federal y Ministerial, al asociarlo con otras 10 personas en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en modalidad de posición de cocaína y marihuana.
Durante su detención fue torturado física y psicológicamente. Permaneció de forma irregular en las instalaciones militares bajo arraigo durante 77 días. A más de cinco años, Ángel Amílcar se encuentra encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste de Tepic, Nayarit.
La PGR “tiene en sus manos la oportunidad de retirar la acusación para generar la consecuencia inmediata de la libertad. Cuando el Estado mexicano viola los derechos humanos, debe ser el mismo Estado quien tenga la capacidad para remediarlo”, aseveró el subdirecctor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón.