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MÉXICO, DF, 25 de febrero de 2015.- La diputada local Dinorah Pizano Osorio solicitó a la Contraloría del Distrito Federal investigar las responsabilidades en las que hayan incurrido los servidores públicos de la delegación Benito Juárez, por utilizar más del 50 por ciento del millonario Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fopedep), en obras distintas a las establecidas.
La asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio a conocer su decisión mediante un comunicado de prensa, y dijo que las irregularidades detectadas forman parte de un reporte elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la delegación Benito Juárez, gobernada por el panista Jorge Romero.
Según el boletín, de 118 millones de pesos del Fopedep, la demarcación destinó 65 millones de pesos en rubros que no se consideran en las disposiciones dentro del fondo, integrados por 56 millones de pesos en adquisiciones de materiales de construcción, los cuales no se acreditaron que correspondieran a obras ejecutadas por administración directa, y sin evidencia de su autorización por parte del Gobierno del DF.
“En el informe de la evaluación de control interno, destacó la observación sobre la falta de informes periódicos de la situación en la que se encuentra la delegación, ni con procesos sustantivos que den soporte al cumplimiento de los objetivos y metas del programa de desarrollo delegacional”.
Tampoco se cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la mitigación y administración de riesgos.
Por ello se realizó una búsqueda de los informes realizados respecto a las obras ejercidas, sin encontrar ninguna publicación en su página de internet ni en otro medio de difusión local, afirmó la legisladora.
Añadió que tampoco hallaron evidencia de que la publicidad y documentación del fondo incluyera la leyenda “este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
En síntesis, la delegación Benito Juárez no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo, que esté apegada a la normatividad que regula su ejercicio y tampoco se cumplieron sus metas y objetivos, finalizó la asambleísta.