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Promete Sheinbaum rescatar la petroquímica en México
MÉXICO, DF., 1 de julio de 2015.- Aunque en los últimos 13 años el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI) cuenta con alrededor de un millón y medio de solicitudes de información, sólo el 10 por ciento de la población del país recurre a este derecho, coincidieron diputados y expertos en transparencia y rendición de cuentas.
Pese a lo avanzado del marco constitucional con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, consideró que debería ser preocupación del Estado mexicano que la sociedad mexicana no esté bien informada.
En su carácter de presidente de la instancia legislativa, el diputado del PRD, José Luis Muñoz Soria, urgió a dar mayor difusión a la Ley General en la materia para que tenga resultados positivos.
Una de las grandes discusiones que deben ampliarse es la relativa a la rendición de cuentas en el Poder Legislativo, planteó el legislador perredista en la conferencia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Una Política Pública.
Recordó que el décimo tercero transitorio de la legislación abre la puerta al incumplimiento de esta obligación, por lo que consideró que como toda la norma es perfectible, la próxima legislatura se encargará de afinarla.
La especialista del Instituto Nacional de Administración Pública A.C., Adriana Plasencia Díaz, coincidió que diversas asociaciones civiles han calificado al Congreso de la Unión como “uno de los órganos con más opacidad en México.
“Se ha evaluado a los legisladores desde la perspectiva presupuestal, pero su trabajo en comisiones, su participación en proyectos de ley y puntos de acuerdo, y sus resultados, es información más trascendente para conocer por qué se votó por una ley y no por otra, o por qué se impulsó o limitó un punto de acuerdo”, refirió sobre las obligaciones señaladas para el Poder Legislativo en la Ley de Transparencia.
Coincidió en que es necesario hacer comprender a la ciudadanía que desde el Poder Legislativo se diseñan y construyen las políticas públicas, de lo contrario “se seguirá estando en deuda con lo que aquí se hace”. Recomendó que un mecanismo de evaluación en este rubro sea propuesto en conjunto por la academia y el mismo Legislativo.
“Aunque se piensa que la información es poder, es necesario saber para qué sirve; de lo contrario, ayudará poco o nada para exigir rendición de cuentas”, aseveró Plascencia Díaz.
Sostuvo que el proceso más complicado que atravesará la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, a diferencia de su formulación y diagnóstico, es su implementación.
Respecto a su implementación, la experta en la materia sostuvo que será un proceso complicado llevarla a la práctica, pues eso supone un trabajo de administración pública, un cambio absoluto de paradigmas donde los gobiernos y funcionarios no deberían esperar a que se les solicite información, sino hacerlo de manera proactiva.