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MÉXICO, DF, 29 de julio de 2014.- La violencia que sufre la población de Guatemala, Honduras y El Salvador es superior a la que sufren ciudadanos que viven bajo conflictos armados abiertos, destaca el Consejo Noruego para Refugiados en un amplio análisis elaborado por ACAPS, organización internacional dedicada a apoyar las necesidades humanitarias en situaciones de emergencia y crisis.
El informe, denominado Otras situaciones de violencia en el triángulo centroamericano, destaca que mientras la tasa de homicidios a nivel mundial es de 6.2 por cada 100 mil habitantes, en El Salvador se ubica en 41.2 homicidios por y Guatemala en 39.9 por cada 100 mil habitantes, “tasas más elevadas en la actualidad que durante sus respectivas guerras civiles”.
“A pesar de no haber sufrido ninguna guerra civil en su pasado reciente, Honduras se mantiene como el país más violento del mundo”, dice el estudio de ACAPS, pues ahí la tasa de homicidios es de 90.4 por cada 100 mil habitantes.
Esa tasa es muy superior a la de países que sufren conflictos armados declarados como Sudán del Sur, donde la tasa de homicidios es de 60, Afganistán de 65 o El Congo, con 28.3.
Para ACAPS, esos elevados índices de criminalidad hacen que “el número de víctimas masculinas entre 15 y 29 años en Centroamérica es cuatro veces superior que en el resto del mundo”, y los investigadores recuerdan que el 30 por ciento de los homicidios en las Américas están relacionados con bandas o grupos criminales, cuando en Asia el porcentaje es de apenas 1 por ciento.
A este panorama se añade el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado están mal preparadas, mal pagadas y, en muchos casos, corroídas por la corrupción, destaca ACAPS.
“La masiva presencia de compañías de seguridad privada, con personal que duplica y triplica al número de fuerzas de seguridad del Estado según el país, es también un indicador impactante”, enfatiza el informe.
Este contexto de violencia incrementa aún más la situación de vulnerabilidad de una parte de la población que se ve obligada a abandonar sus hogares y se convierte en desplazados internos, o en refugiados, solicitantes de asilo o inmigrantes económicos en terceras naciones.
El texto señala a las drogas como “el detonante de la prevalencia de la violencia y de las armas en la región”, pero no esconde que “los altos niveles de corrupción e impunidad contribuyen a aumentar la desconfianza hacia las instituciones del Estado”.