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MÉXICO, DF., 13 de abril de 2015.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es una institución de unidad y consensos, manifestó Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior, del máximo organismo jurisdiccional del país.
Según un comunicado de prensa, en su discurso, tras ser designado para ocupar dicho cargo, Carrasco Daza señaló: “tengo el convencimiento absoluto de que esta decisión obedece, esencialmente, a una convicción de consenso de mis pares, lo cual dimensiona el profesionalismo de los integrantes de esta Sala Superior, en aras de fortalecer al Tribunal en un momento en que la unidad es un valor insustituible”.
Comentó que ante un escenario social y político, como el que actualmente se presenta, sería impropio asumir esta encomienda, sin partir de la necesidad inaplazable de alcanzar legitimidad y credibilidad en las instituciones del Estado.
Señaló que los jueces electorales deben reconocer que la independencia judicial, la ética, la imparcialidad y la rendición de cuentas son exigencias mínimas de una sociedad democrática; situación que no puede darse sin el respaldo sólido y genuino de decisiones judiciales justas, convincentes para el sentido común y políticas administrativas acorde con una sociedad que pide hoy más que nunca moderación.
Se debe impulsar una nueva Ley General de Medios de Impugnación
Refirió que en la cooperación y respeto entre Poderes, es necesario impulsar una nueva Ley General de Medios de Impugnación, acorde con la perspectiva moderna del debido proceso, que incluya al juicio para la protección de los derechos político-electorales de los sistemas normativos internos.
En consonancia con lo anterior, dijo que también se debe impulsar una reforma orgánica que garantice la tutela efectiva de los derechos político-electorales de los integrantes de las comunidades indígenas mediante la Defensoría Pública Federal en forma gratuita.
Aseguró que es impostergable consolidar la ley reglamentaria del artículo 134 de la Carta Magna, debido a que “hoy los principios fundamentales consagrados en el propio precepto constitucional, esencialmente, transparencia y honradez, llevan a reflexionar sobre la pertinencia de regular la celebración de sesiones públicas de la Comisión de Administración en temas vinculados con el ejercicio del gasto público, para lo cual, parece necesaria, una reforma orgánica”, agregó.
Carrasco Daza enfatizó que en lo concerniente a las facultades, deberes y exigencias de transparencia relacionadas con la forma de ejercer el gasto público, es necesario privilegiar la máxima publicidad.
Indicó que es necesario reglamentar la paridad en el ingreso y promoción en la Carrera Judicial Electoral, el Servicio Civil de Carrera en las áreas administrativas, transitar de manera firme hacia la independencia técnica y autonomía de gestión de la Contraloría Interna y certificación de auditores, mediante convenios que se celebren con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De igual manera, se deben robustecer los procesos de certificación periódicos a los servidores públicos que despliegan las actividades relacionadas con adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra en general, realizadas por instituciones y organismos reconocidos en la administración pública.
Con estas, entre otras acciones, “estoy convencido de que la única pretensión de este Tribunal, debe ser alcanzar una auténtica sociedad de derechos”, remarcó el magistrado Carrasco Daza.