Claudia Arlett Espino, nueva secretaria ejecutiva del INE
MÉXICO, DF., 16 de marzo de 2015.- A casi seis meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y tras ser blanco de fuertes críticas en el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, el gobierno federal responderá con la creación de un ‘zar’ con amplios poderes para la búsqueda de miles de desaparecidos a escala nacional y una nueva ley de mano dura, con penas de casi 50 años de prisión para sicario, policía, militar o servidor público que desaparezca a una persona, según informa Milenio.
Las penas y la creación de un mando único en materia de búsqueda están incluidas en el borrador de la nueva Ley General de Personas Desaparecidas.
Entre otros puntos, la legislación aborda temas como colaboración de ciudadanos en las investigaciones, castigo a la obstrucción de pesquisas, creación de bancos de datos genéticos de cadáveres a nivel federal y estatal, severidad de penas, reparación de daños a las familias de las víctimas, derecho a la verdad y destino de bebés de personas desaparecidas.
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