Transexuales en México, indocumentados en su propio país

MÉXICO, DF, 6 de noviembre de 2014.- Cuando Aruba Ortiz decidió ser mujer se convirtió en una persona casi invisible, extranjera, indocumentada en su propio país por carecer de una identidad sexogenérica que le hiciera valer sus derechos como mexicana.

La activista de la Comunidad Metropolitana (COMAC), originaria de Monterrey, Nuevo León, de 40 años, recuerda que tuvo que dejar sus estudios porque en la escuela donde iba violentaron sus derechos de identidad al no permitírsele acudir vestida como lo que se sentía: una mujer.

En el marco del Primer Congreso de Mexicanas y Mexicanos Gays, Lesbianas y Trans, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Aruba Ortiz compartió su experiencia con Quadratín México y reconoció verse obligada a realizar trabajo sexual porque la sociedad le limitó su capacidad como persona para ser contratada en las empresas.

“Me dedico a la cosmetología, pero hice trabajo sexual porque se me limitaba mucho los trabajos”, relata con mesura la actual activista defensora de los derechos LGBT.

Comenta que acudió al Primer Congreso de Mexicanas y Mexicanos Gays, Lesbianas y Trans para dar a conocer que de todos los grupos homosexuales el más vulnerable en la comunidad es la transexual, pues como mujeres trans “no tenemos derecho a nada”, en comparación con los gays o lesbianas.

“Estamos invisibilizadas e indocumentadas en nuestro propio país”, asevera mientras refiere que en el estado de Nuevo León no existe una ley contra la discriminación que permita avanzar a una ley de derecho de identidad.

Aruba Ortiz considera la necesidad de llevar a su estado un programa sobre educación e identidad sexogenérica para que las escuelas, instituciones y empresas respeten los derechos de las personas que son como ella, pues en muchos casos sólo cuentan con identificaciones oficiales con el nombre de pila que sus padres les asignaron.

Sin embargo, no todo está en terreno adverso, pues admite que en México existen avances en sus derechos, como el caso de una compañera que también le violentaron su identidad pero actualmente asiste como maestra a la escuela donde trabaja. “Se tiene que luchar mucho para llegar a los derechos”, asegura.

Esta comunidad como ninguna otra se enfrenta a otra problemática cuando desean realizar el trámite de cambio de identidad, donde a veces se les quiere cobrar hasta 50 mil pesos por el cambio de nombre, “siendo que es un derecho como mexicana que nos corresponde ese documento”, lamenta Aruba.

Entre peritos de psicología y endocrinólogo los gastos son excesivos y contradictorios cuando uno tiene que gastar de su bolsa un dinero que no se tiene porque además se nos limita del trabajo, expone Aruba. Y comenta que hay que esperar de seis a siete meses para saber si el juez dará la certeza si pareces mujer o no, “y aunque estés muy femenina muchas veces te dicen no”.

Aunado a ello, el trámite para cambio de identidad en México se encuentra centralizado, pues sólo se puede realizar en el Distrito Federal. “Yo que vengo de Nuevo León también tengo que gastar en viáticos. Queremos que se replique en otros estados para no tener que venir hasta acá”, expresa.

La activista asegura que además en la sociedad existe aún mucho estigma en cuanto a la transexualidad infantil, pues comenta que padres de familia acuden a ella para exponerles casos en las que sus hijos dicen que son mujeres, o hijas que son hombres. “Veo que hay niños que están sufriendo. Le digo a los papás que los apoyen y los dejen ser, sea niño o niña, aunque llega un momento en ellos se cierran pues en Salud, los profesionistas no están informados, y desinforman a los padres.”

Uno de cada dos gays, discriminados

Como un espacio de información, diálogo, análisis y debate en torno a las políticas públicas y legislación en materia de derechos humanos, discriminación, participación en partidos políticos, equidad y perspectiva de género electoral y acceso a la salud, los diputados del PRD, Martha Lucía Mícher Camarena y Roberto López Suárez, apoyaron el congreso no convocado por ningún partido político, ni ningún legislador en específico, sino por la misma comunidad LGBT para promover el fortalecimiento de la visibilidad y reconocimiento de sus derechos.

Al tomar la palabra, la diputada perredista, informó que de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Discriminación, una de cada dos personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans consideran que el principal problema al que se enfrentan es la discriminación, seguida de la falta de aceptación, después las críticas y las burlas. “Una realidad que nos lastima”, asevera la también presidenta de Igualdad de Género.

Mícher Camarena refirió que el congreso es sin duda buena oportunidad para intercambiar opiniones, homologar criterios y definir la agenda entre sociedad y gobierno.

“Si queremos construir una patria democrática, sin discriminación ni violencia para que no se castigue ninguna manifestación a favor de los derechos y a favor de la opción o preferencia sexual tenemos que seguir encaminando los pasos hacia el reconocimiento nacional de los derechos humanos de la comunidad gay”, dijo.

La legisladora manifestó su molestia cuando, en su seno familiar, sus hijos intentaban ofenderse diciéndose nombres de mujeres, además, “algo que me molesta es cuando se dice que eres hombre, mujere o quimera, en este país o planeta nada más existen hombres y mujeres, no quimeras”, criticó.

“No podemos educar en el respeto por las diferencias cuando hacemos estos comentarios delante de nuestros hijos; cómo queremos pedirle a esta sociedad que respete el derecho a tener derecho a una comunidad como la homosexual cuando no educamos en la libertad que no dañe la integridad de los demás”, pronunció.

En 18 años, 800 crímenes de odio

Por su parte, el diputado Roberto López Suárez dijo que la homofobia en México ha provocado que entre 1995 y 2013, por la misma condición que tiene la comunidad lésbico-gay y trans, se hayan registrado alrededor de 800 personas asesinadas por crímenes de odio, sin contar otros asesinatos, que son disfrazados.

Lamentó que en el país avance cada día la discriminación: “cuatro de cada 10 personas evitan vivir en su condición sexual por miedo a ser excluidos”.

Expuso que 79 países aún tienen pena de prisión para las personas homosexuales, y en Arabia Saudita, Yemen, Mauritania, Nigeria, Somalia y Sudán, son condenadas a muerte las personas que eligen otra forma de amar y de convivir con una pareja.

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos resaltó que aunque se ha avanzado en algunas entidades como el Distrito Federal al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, aún se trabaja para que puedan tener todos los derechos sociales y el servicio a la salud.