Denuncia oposición que Morena legisla por medio de fe de erratas
MÉXICO, DF., 18 de noviembre de 2015.- Con nueve meses de retraso, finalmente el Pleno del Senado de la República, someterá a discusión la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los ordenamientos pendientes de la reforma sobre transparencia y acceso a la información.
El dictamen prevé garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales.
Además se precisa que dichos sujetos obligados deben establecer Comités y Unidades de Transparencia, para mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental para la posterior consulta pública.
Con el aval de los integrantes de las Comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, el proyecto de ley precisa que no podrá clasificarse como reservada la información de hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Para este supuesto, el dictamen de ley establece un procedimiento de revisión de la información reservada, caso por caso para que a través de la prueba de daño, se determine si puede ser o no publicitada ante el requerimiento de la ciudadanía.
Al discutir el proyecto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, subrayó que con este ordenamiento se establecen 79 obligaciones al Poder Ejecutivo federal; 23 al Poder Legislativo federal; 8 obligaciones al Poder Judicial de la Federación; 85 a distintos organismos autónomos federales y 77 a sujetos obligados en materia energética.
Por su parte, la senadora panista Laura Angélica Rojas, señaló que el dictamen favorecerá la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y contribuirá a la consolidación de la democracia y a una cultura de transparencia y acceso a la información pública.
“Otro de los objetivos de la legislación es coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados y fortalecer el escrutinio de sobre sus actividades sustantivas”, resaltó la legisladora.
En su intervención, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, pidió revisar en el marco de esta ley, las facultades y competencias del consejero jurídico de la presidencia de la República, a fin de evitar mayores restricciones en las reservas de información, así como la periodicidad para la entrega de la misma.