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MÉXICO, DF., 19 de agosto de 2015.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Dicha reforma enviada por el Ejecutivo federal al órgano legislativo, el pasado lunes, se consigna que el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios no puedan incurrir en endeudamientos.
La modificación constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de mayo, fija los límites y modalidades bajo las cuales dichas órdenes de gobierno puedan afectar las participaciones que les correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan. Y reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.
En el Artículo 73, consigna respecto a la obligación de estados y municipios de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago de manera oportuna y transparente, en un registro público único, así como un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento de dichos entes públicos.
Además la posibilidad de otorgar el aval federal a la deuda de los estados y municipios y las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones, figuran entre esas facultades.
Pretende establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas.
La iniciativa busca lograr su objetivo mediante cinco componentes principales a través de Reglas de Disciplina Financiera, Sistema de Alertas vinculado a los niveles de endeudamiento, Contratación de Financiamiento y Obligaciones, Deuda Estatal Garantizada y Registro Público Único, para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.