Urge ONG a autoridades a garantizar búsqueda de normalistas

CHILPANCINGO, Gro., 2 de octubre de 2014.- A seis días de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de normalistas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reitera que la cifra de desaparecidos es de 43 estudiantes.

A través de un comunicado urgen a las autoridades federales y estatales a “garantizar que la búsqueda de estudiantes desaparecidos se lleve a cabo con debida diligencia y conforme a los estándares internacionales más avanzados en la materia”.

Asimismo, expresan preocupación por las declaraciones de Enrique Peña Nieto, pues el gobierno federal no puede deslindarse ante la gravedad de la situación, se deben de movilizar todos los recursos e instituciones necesarias para lograr la aparición con vida de los estudiantes.

Compartimos el comunicado:

A seis días de que iniciaran las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa en la cabecera municipal de Iguala, Guerrero, siguen en calidad de desaparecidos 43 normalistas. El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, ha incumplido con su obligación de realizar la búsqueda exhaustiva de los jóvenes desaparecidos de manera inmediata, con la debida diligencia y conforme a los más altos estándares internacionales en la materia.

Las organizaciones firmantes reconocemos que los operativos de búsqueda en los que participan las madres y padres de familia de los estudiantes, así como la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, son un paso fundamental para dar con el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, los operativos de búsqueda se han implementado con graves deficiencias; por ejemplo, el arribo a los puntos no es precedido por una tarea diligente de inteligencia que asegure y delimite las zonas de búsqueda. No existe hasta ahora un esfuerzo por trazar y distribuir las áreas de búsqueda, cruzándolas con la información surgida de las declaraciones de los policías detenidos y con los antecedentes de los modus operandi de la delincuencia organizada en la región.

Durante los operativos de búsqueda, cabe señalar, hasta ahora no se ha contado con el involucramiento de las instituciones federales, quienes tienen los elementos de seguridad, periciales e inteligencia para llevar a cabo un operativo de localización de esta magnitud. Por ello resulta decepcionante y sumamente preocupante que el propio Presidente de la República se deslinde de las obligaciones en materia de desaparición forzada del Estado mexicano, al indicar que “el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”. Sin dejar de reconocer las responsabilidades de las diversas autoridades guerrerenses por permitir la connivencia entre la policía y la delincuencia organizada, es inadmisible que el Primer Mandatario anteponga conflictos políticos a la imperiosa necesidad de que el Gobierno Federal se sume con decisión a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Ante la desaparición masiva de varias decenas de jóvenes, ningún nivel de gobierno debe deslindarse siendo elemental que los tres niveles se coordinen y participen conjuntamente en la búsqueda.

Preocupa enormemente que el Presidente de la República se deslinde de sus responsabilidades constitucionales para garantizar la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos. El deslinde del Gobierno Federal y su falta de participación en la búsqueda de la desaparición de los normalistas, pone en duda una vez más, el compromiso que el Estado mexicano ha declarado ante diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y por lo pronto se suma a los 43 jóvenes de Ayotzinapa a las decenas de miles de desaparecidos en el país.

No puede obviarse que los testimonios indican que un número significativo de los estudiantes desaparecidos fueron detenidos por policías municipales de Iguala, agentes estatales que comprometen la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por lo cual el Jefe del ejecutivo federal no puede deslindarse; máxime que ninguno de los estudiantes detenidos por los policías ha aparecido. Lo que en otros países supondría un despliegue articulado de todas las corporaciones estatales hasta localizar con vida a los jóvenes, en México hoy merece sólo un indiferente deslinde presidencial.

No debe pasarse por alto que en el Informe emitido tras su más reciente visita a México, el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Personas recomendó: “Que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas”. Señalando además que ante las desapariciones: “Se deben utilizar todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e imparcial.

Aquellas personas involucradas en labores de investigación deben contar con garantías de protección. Las investigaciones deben asumir líneas de investigación específicas de acuerdo con los patrones de la zona, tiempo o período y/o autoridad involucrada. Los resultados de todas las investigaciones deben ser públicos”. Recalcando adicionalmente que se debe: “asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de prueba”.

En ese tenor, el desdén presidencial contrasta con la labor y la cooperación que las madres y padres de los 43 estudiantes hoy desaparecidos han impulsado. Los familiares, con acompañamiento de los organismos civiles de derechos humanos, han acudido a prácticamente todas las instancias para buscar a los estudiantes, agotando poco a poco los recursos legales disponibles.

Primeramente, la identidad de los normalistas desaparecidos ha sido acreditada y ratificada por los padres de familia dentro de la investigación AEBPNL/49/2014 que realiza la Agencia especializada del ministerio público en búsqueda de personas no localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es decir, los padres y las madres han acudido a comparecer formalmente ante el ministerio público a colaborar en la investigación. Así, dentro de la indagatoria ya fueron rendidas las declaraciones de la mayoría de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas que aún permanecen desaparecidos.

De igual forma, luego de que los familiares presentaran también un juicio de amparo y apelaran a la Justicia Federal para encontrar a sus desaparecidos, el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Iguala, concluyó el día de ayer la revisión de los centros de detención en búsqueda de los estudiantes desaparecidos e hizo constar dentro el amparo número 490/2014 que no fueron encontrados los normalistas en ninguno de estos lugares. Es decir, la posibilidad de que los jóvenes se encuentren retenidos en cárceles o recintos oficiales, está con pruebas descartada.

En el mismo sentido, los familiares acudieron también al sistema ombudsman. El mismo 28 de septiembre se interpusieron dos quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la queja VG/203/2014-II por los hechos de violencia ocurridos el 26 y 27 de septiembre, y la queja VG/204/2014 por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas detenidos por la policía preventiva municipal de Iguala. Ninguna de estas ha derivado en la ubicación de los jóvenes desaparecidos; pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se ha sumado de forma decidida a los operativos de búsqueda.

Adicionalmente, los familiares y las organizaciones de derechos humanos han demandado la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones demanden la presentación con vida de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Como puede advertirse, los familiares han acudido a todas las instancias para pedir su intervención en la búsqueda de los desaparecidos, incluso poniendo su vida en riesgo al desplazarse en el descompuesto contexto de Iguala. Al día de hoy, la búsqueda de los jóvenes desaparecidos tras las agresiones armadas de policías y civiles en Iguala ha sido infructuosa. La situación es de extrema preocupación, dado que con los antecedentes de violencia en Iguala, colocan a los estudiantes en el máximo riesgo.

En este panorama, los organismos de derechos humanos expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que nuevas agresiones puedan presentarse el día de mañana, durante la emblemática marcha del 2 de octubre. Como cada año, las y los estudiantes de Guerrero saldrán a las calles a conmemorar la masacre del 68, pero esta vez lo harán mientras permanecen desaparecidos decenas de jóvenes normalistas. Ante la ausencia de condiciones para ejercer la libertad de expresión en Guerrero –y más aún, frente a los riesgos que hoy supone ser joven y ser guerrerense- llamamos a que se garantice la integridad física de los manifestantes y apelamos a la sociedad para que observen los acontecimientos que pueden presentarse en la entidad.

Finalmente, llamamos de nuevo a la sociedad civil nacional e internacional a que demanden la inmediata presentación con vida de todos los estudiantes que hoy se encuentran desaparecidos.