Urge elevar a rango constitucional Alerta Amber: Lucila Gutiérrez

MÉXICO, DF, 8 de diciembre de 2014.- En México, de enero de 2013 hasta junio de 2014, han desaparecidos cerca de 15 mil menores, es decir, 41 diariamente de acuerdo con datos de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, refirió la diputada Lucila Gutiérrez Garfias.

Paradójicamente, en ese mismo periodo existían sólo menos de tres mil averiguaciones previas por robo de menores, mismos que son sustraídos con fines de explotación sexual y venta y tráfico de órganos, señaló la legisladora de Nueva Alianza.

En entrevista, la legisladora mexiquense urgió a elevar a rango constitucional la Alerta Amber que tiene la función de localizar a niños y adolescentes extraviados.

Hizo un llamado a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para acelerar los procesos para expedir la Ley General que regula el Sistema de Alerta Amber, propuesto en mayo pasado por integrantes de diversas fuerzas políticas.

Tras de la promulgación de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por el presidente Enrique Peña Nieto, la diputada aliancista manifestó que es necesario trabajar en leyes complementarias que garanticen la seguridad de este sector de la población, “blanco fácil de la delincuencia organizada.”

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el alarmante aumento en ocho años de dos mil menores asesinados y mutilados, además de la desaparición forzada de niños y adolescentes mexicanos.

“Es necesario que los gobiernos de todas las entidades del país implementen el Sistema de Alerta Amber bajo los mismos criterios y mecanismos de coordinación para la activación, actualización y desactivación de las alertas”, advirtió frente al panorama.

Aunque la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública regula la alerta de personas desaparecidas, Gutiérrez Garfias indicó que resulta insuficiente para la localización de los menores, por lo que la legislación propuesta garantizaría la instalación pronta y de manera homóloga en toda la República mexicana.

La también integrante de la Comisión de los Derechos de la Niñez destacó los diversos exhortos realizados a los gobiernos locales para cumplir con la ejecución del Sistema de Alerta Amber, sin embargo reprobó que en algunos estados las autoridades siguen siendo omisas.

“Este sistema de localización, al tratarse de un programa federal y no estar regulado bajo ninguna legislación, los gobiernos locales no están obligados formalmente a llevarlo a cabo, por lo que pueden o no aplicarlo, o implementarlo de manera inoperante sin consecuencias”, censuró.

La propuesta de ley para regular el Sistema de Alerta Amber busca establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de menores de edad que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

Con la activación inmediata de la Alerta Amber, el Ministerio Público sin más trámite recibiría la denuncia y de inmediato iniciaría las investigaciones ministeriales para la localización y resguardo de los menores.

Los medios de comunicación, televisivos o radiofónicos, interrumpirían su programación para hacer saber a la opinión pública de los niños y los adolescentes que hayan sido secuestrados, sustraídos o desaparecidos.