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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de abril de 2016.- Por violentar los derechos electorales en perjuicio de David Monreal y Guillermo Favela, candidatos a las gubernaturas de Zacatecas y Durango, respectivamente, la bancada de Morena presentó una demanda de juicio político contra los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Ahora son los legisladores del partido de Andrés Manuel López Obrador los que impulsan desde el Congreso este recurso de procedimiento de orden constitucional, luego de que el representante de Morena ante el Consejo General, Horacio Duarte Olivares, promoviera lo propio en tribunales.
La solicitud entregada este martes establece que se violentaron las garantías de seguridad jurídica, legalidad, audiencia, debido proceso, el derecho de votar y ser votado, así como la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Lo anterior, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 35 y demás relativos y aplicables de la Ley Fundamental, así como en los tratados internacionales y la normativa electoral.
La líder de la fracción, Rocío Nahle García, promovió la acusación constitucional en contra de los consejeros electorales: Lorenzo Córdova Vianello, Enrique Andrade González, Marco Antonio Bolaños Martínez, Adriana M. Favela Herrera y Beatriz Eugenia Galindo Centeno.
De Ciro Murayama Rendón, José Roberto Ruiz Saldaña, Pamela San Martín Ríos y Valles, Arturo Sánchez Gutiérrez, Javier Santiago Castillo y Benito Nacif Hernández.
La legisladora consideró necesario denunciar que los consejeros del INE no respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que le impidieron ejercer a Monreal Ávila su derecho a una adecuada defensa y que obligan a la autoridad a considerar la presentación de su informe de gastos como extemporáneo y no como omiso.
La acción de querer cancelar a Monreal y a Favela su registro como candidatos de Morena, la calificó como una sanción desproporcionada y fuera de lugar, ante una inobservancia a la ley electoral.
Arguyó que en todo caso, ni en el texto constitucional ni en los instrumentos internacionales en la materia ratificados por México, se contempla como sanción la suspensión, restricción o anulación de derechos políticos, por lo que aseveró que resulta evidente que la mayoría del Consejo General del INE no aplica la ley de manera imparcial.
La líder de Morena en San Lázaro reprochó que el Partido Verde cometió una gran cantidad de prácticas ilegales, violatorias de la ley electoral, sin embargo, se le impuso más de 10 multas millonarias, mismas que terminarán siendo pagadas con los mismos recursos públicos que recibe.