Visión Financiera/ Carlos Howard

Conflicto de basura en SLP

La empresa Vigue Red Ambiental, que encabeza Horacio Guerra Marroquín, se vio en la necesidad de suspender el servicio de recolección y confinamiento de basura en la ciudad de San Luis Potosí, debido a que el Ayuntamiento, que preside el perredista Ricardo Gallardo Juárez, les adeuda más de 99 millones de pesos.

Este incumplimiento parece ser una estrategia del Gobierno municipal para eliminar de manera ilegal una concesión vigente que por siete años ha venido operando sin problemas.

A pesar de que la compañía está en la mejor disposición para establecer un plan de pagos, no existe la intención del Gobierno municipal de liquidarlo; por el contrario, el Ayuntamiento pretende municipalizar el servicio de recolección de basura a pesar de existir un contrato de concesión hasta el 2024.

Si el Alcalde de San Luis Potosí mantiene su postura para rescindirle la concesión a Vigue Red Ambiental, el Ayuntamiento tendrá que pagarle a la empresa unos 285 millones de pesos, de acuerdo a lo que señala la cláusula trigésima novena del contrato.

Esta disposición marca que, si se rescinde de manera injustificada el contrato, el Gobierno municipal deberá indemnizar por un monto igual al 20 por ciento de la prestación de los servicios que se hubiera facturado en el periodo restante, algo así como unos 196 millones de pesos, por los ocho años y dos meses que le restan de vigencia a la concesión. A esta cantidad, se le sumaría el adeudo vigente que el gobierno municipal se ha negado a liquidar.

Si a esto agregamos los 100 millones de pesos que la Alcaldía estima para comprar 50 camiones recolectores de basura para municipalizar el servicio, estamos hablando de que Gallardo Juárez requerirá solicitar un préstamo que ninguna institución bancaria estaría dispuesta a autorizar, ya que la deuda del municipio es cercana a los mil millones de pesos.

Demandan al ISSSTE

Un paquete de mil 300 demandas en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), constituye un fraude por 9.9 billones de pesos contra el sistema de pensiones, que se opera desde las principales instituciones financieras del país, como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM) responsabilizaron al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray de la mala administración de los fondos de pensiones y vivienda que desde la Reforma de 1992 han acumulado un pasivo laboral millonario, cuyo pago representaría varios Fobaproas juntos.

 Los representantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM) denunciaron que desde hace cuatro años ocho meses sostienen una serie de litigios contra la dependencia de seguridad social a favor de quienes aspiran a recuperar a través de estas demandas un aproximado de 750 millones de pesos, como parte de los derechos obtenidos por sus años de trabajo.

Estas demandas se encuentran en proceso jurídico concentradas en 13 expedientes radicados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de los cuales ocho se radicaron en la Junta Especial 14 Bis y el resto en otras Juntas Especiales.

El objetivo de las mismas es recuperar el pago a valor presente del Fondo de Vivienda del periodo 1972-1992 y diferencias de años posteriores; es decir, fijados con la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, más la tasa de interés anual correspondiente; así como el pago de los intereses devengados del Sistema de Ahorro para el Retiro de 1993 a la fecha en las jubilaciones de los trabajadores.

De acuerdo con el portal newsmexico.com.mx, posteriormente acusaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de utilizar estrategias de dilación para evitar que los juicios lleguen a término, al realizar la acumulación en los expedientes a punto de resolverse, de los nuevos litigios que se generan en contra del ISSSTE.

“Tenemos calculado que el monto de las mil 300 demandas equivaldría a más de 750 millones de pesos; sin embargo, la institución responsable de dar salida a estos litigios está cooptada y de manera dictatorial trata de evitar la impartición de justicia”, explicaron.

Según datos de la propia Secretaría de Hacienda, el gobierno federal tiene una deuda con los pensionados y jubilados de Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, superior a los 9.9 billones de pesos. Explicaron que tal pasivo laboral no es más que un déficit fiscal del pago de las pensiones, porque nunca crearon los fondos de ahorro correspondiente y los gobiernos en turno tomaron ese recurso como gasto corriente.

El pasivo laboral calculado por la Secretaría de Hacienda a mediados del año pasado daba una deuda de 5.16 billones de pesos ante los trabajadores el ISSSTE; de 2.82 billones de pesos como deuda ante jubilados y pensionados del IMSS; 1.47 billones de pesos para quienes laboraron en Pemex y 536 mil millones de pesos para los jubilados de la CFE.

Incluso recordaron que la Junta Directiva del ISSSTE publicó en agosto de 2011 un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación donde reconoce la retención indebida de los recursos del Fondo de Vivienda y giraba instrucciones a FOVISSSTE para devolver ese dinero a los derechohabientes.

También los trabajadores en activo están siendo víctimas de esta opacidad a través de los Fondos de Ahorro para el Retiro, pues aun cuando la ley establece que cada trabajador debe ser informado sobre los movimientos de sus ahorros, los estados de cuenta del SAR no se apegan a lo establecido por las leyes y nadie les informa como se está manejando su dinero. Los trabajadores desconocen con certeza si los montos que aparecen en los saldos de las subcuentas son reales o son cantidades mágicas o caprichosas.

Tal opacidad ha permitido que los sistemas de pensiones se conviertan en una caja abierta para el gobierno en turno y una deuda que crece diariamente a costa del bienestar de los trabajadores.

Finalmente, convocaron a jubilados y pensionados a sumarse a la movilización que celebrarán el próximo 11 de febrero frente a las instalaciones del ISSSTE ubicadas en Buenavista

Eurofer en contra de China

TOME NOTA: La Organización Europea de la Industria del Acero (EUROFER) apoya la marcha histórica en Bruselas, el 15 de febrero, en contra de que China sea considerada Economía de Mercado por la OMC.

Dicha marcha se efectuará en Bruselas organizada por AEGIS, que es una Alianza industrial que representa 30 industrias europeas clave.

En la manifestación participarán más de cinco mil personas entre empleados y empresarios de más de 15 Estados miembros de la Unión Europea que pugnan por la defensa del empleo, el comercio leal y el crecimiento económico, y protestan contra las prácticas desleales del comercio chino, específicamente en contra de las prácticas de dumping.

Las importaciones de acero procedentes de China bajo condiciones de dumping han duplicado su volumen en 18 meses, inundando el mercado europeo, y originando el cierre irreversible de plantas y la pérdida de empleos en el sector siderúrgico europeo.

China tiene una sobrecapacidad de 400 millones de toneladas de acero, que representa casi tres veces el total de la demanda de acero de la Unión Europea, que son 155 millones de toneladas, precisa Eggert. Esta sobrecapacidad se debe a la persistente intervención del Estado chino en su economía.

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