
Juego de ojos
La impunidad de los Borge
Ser el papá de un gobernador tiene sus ventajas, y en algunas ocasiones sobradas.
Sólo basta ver el caso de Roberto Borge Martín, progenitor del actual mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo a quien, de un plumazo, le cancelaron una deuda bancaria por 462 millones 997 mil pesos.
El registro Público de la Propiedad y el Comercio de la entidad, mismo que le había notificado a Borge Marín el 23 de septiembre de 2008, el monto de sus préstamos hipotecarios, le canceló todas las deudas que tenía el 2 de febrero de este año.
Y no es para menos, eran más de siete créditos con Banamex, pero uno de ellos, cuyo pasivo superaba los dos millones 400 mil pesos, es de un predio ubicado en Avenida Rafael Melgar por 5 Sur en Cozumel, casi una esquina, y le fue cedida la deuda a su hijo, hoy gobernador, en 2006.
Visión Financiera tuvo acceso a todos los documentos oficiales que dan cuenta de cómo el gobernador Borge Angulo, a menos de cumplir un año al cargo, logró cancelar, como por arte de magia, toda la deuda que arrastraba su padre desde 1989.
A veces la memoria falla, lo cierto es que Roberto Borge Martín fue procesado como cualquier criminal, tras ser detenido en diciembre de 1994, acusado de evasión fiscal por 3.5 millones de pesos.
En ese entonces, el presidente Ernesto Zedillo no quiso interceder, incluso ante el clamor de su hermano Miguel Borge, quien había sido gobernador en la entidad.
La respuesta de Zedillo fue clara: “nada ni nadie por encima de la Ley”. La decisión los desconcertó pues esperaban la impunidad.
Borge papá se quedó en la cárcel, fue fichado y tuvo que pagar.
Hoy, a la distancia y bajo la protección de su hijo Roberto Borge Ángulo, quedó limpia su conciencia y salvaguardado su bolsillo, como consta en los documentos oficiales de todos los préstamos hipotecarios que debía, algunos ya en estatus de embargo.
El negocio de las navieras
A mediados de la década de los ochenta cuando Roberto Borge Martín constituyó la empresa Naviera Turística de Quintana Roo SA de CV, los cozumeleños tenían puestas sus esperanzas en la nueva empresa que les permitiría garantizar el autoabastecimiento de mercancías.
El acto se protocolizó bajo el acta número 426, de fecha 26 de diciembre de 1984 ante el notario público 9, Manuel Irving García Valdez.
La lista de accionistas la encabezó el propio Borge Martín, como presidente del Consejo de Administración, seguido de José Alfredo Villanueva, Augusto Angulo Castilla, Eusebio Moguel Medrano, Lenin Matías González Padrón, Rosa Yolanda Angulo de Borge, Ramón Isidro Villanueva Martín, Antonio Marrufo Villanueva, Franco González Padrón y Carlos Villanueva Alcocer.
La aportación que cada uno hizo en su momento fue de 500 mil pesos –un total de cinco millones de pesos de los de antes– y el objeto social fue:
“La compraventa, importación, explotación de todo tipo de bienes muebles, carnes, aves, mariscos, la instalación, fomento y explotación de hoteles, restaurantes, bares, tiendas de artesanías, venta y renta de equipo de buceo deportivo”.
La naviera empezó a operar con dos barcos y alcanzó el éxito a partir de 1987 en que llegó a la gubernatura Miguel Borge Martín, hermano del presidente del Consejo de Administración de la empresa.
Al término de su mandato en 1993, la empresa se vino en picada al acumular una serie de créditos bancarios que no se cubrieron en tiempo y forma.
En diciembre del año siguiente Roberto Borge Marín fue a parará la cárcel al enfrentar un juicio penal por fraude de 11 millones de pesos a Bancomer.
Semanas después, en febrero de 2005, Roberto Borge Martín sólo fue encontrado responsable de no haber declarado impuestos y salió absuelto tras pagar una fianza de 300 mil pesos.
Pero la cosa no quedó ahí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la empresa Naviera Turística de Quintana Roo un aviso preventivo de embargo, de fecha 2 de abril de 1996, por haber actuado con dolo a la hora de declarar impuestos.
El monto en ese caso fue de 21 millones 373 mil 592 nuevos pesos.
El 6 de octubre de 1997, la empresa nuevamente volvió a ser objeto de embargo fiscal, ahora por la cantidad de ocho millones 774 mil 394 pesos.
El 23 de septiembre de 2008, la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio notificó a Roberto Borge Martín la relación de una deuda bancaria por 462 millones 997 mil pesos, por préstamos hipotecarios.
Entre ellos, un inmueble que en 2006 le fue cedido a su hijo Roberto Borge Ángulo. Pero nada pasó, seis años después, su hijo ya siendo gobernador de la entidad se encargó de cancelar todas las deudas.
El imperio de Santín
TOME NOTA: Ante la mala racha de la Naviera Turística de Quintana Roo, otros cozumeleños se unieron para crear un emporio industrial que se proponía abarcar todas las actividades del comercio y los servicios dentro de la isla.
La idea original surgió del líder moral del llamando Grupo Cozumel, Sergio Gracia Aguilar, quien logró sumar la cooperación de toda una gama de empresarios y comerciantes que tenían necesidades de abasto de mercancías a través del transporte marítimo.
Fue así como se ofertaron al menudeo acciones de la empresa Promotora Empresarial del Caribe SA de CV, cuyo Consejo de Administración encabezó desde entonces Víctor Manuel Santín Padilla, como presidente.
Entre los socios fundadores, figuraron también los hermanos Lenin Matías y Franco González Padrón.
De la empresa raíz surgieron tres filiales: Administración y Servicios de Cozumel SA de CV, Marítima Chankanaab SA de CV y Marítima de Quintana Roo SA de CV.
Estas dos últimas se encargaron, a partir de entonces, del transporte tanto de pasajeros como de carga.
Durante más de tres quinquenios nada ni nadie podían entrar a la isla de las golondrinas si no se alineaban a las condiciones establecidas por estas navieras.
Inclusive grandes empresas como Coca Cola, Bimbo y Cervecería Moctezuma tuvieron que acepta los altos precios de transporte establecido por las navieras del Grupo Cozumel.
A principios de 2000, los principales barcos de estas empresas San Miguel y Cozumel II entraron en una vertiginosa fase de deterioro que se tradujo en un servicio deficiente e inseguro.