Vislumbra Encinas escenario adverso a las elecciones en todo el país

MÉXICO, D.F., 4 de junio de 2015.- Contrario a lo que la Secretaría de Gobernación y el propio Instituto Nacional Electoral aseguran, el senador Alejandro Encinas Rodríguez presentó un escenario adverso a la normalidad democrática en el país donde existen amenazas, homicidios y ataques a organismos electorales, pero además la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para garantizar el desarrollo del proceso electoral del próximo domingo 7 de junio.

Desde el Senado de la República, el legislador dio a conocer avances de una investigación sobre un “escenario de conflictos de cara a la jornada electoral”  donde la presencia de grupos delictivos y su nivel de peligrosidad, aunado de los niveles de abstencionismo registrados en los últimos procesos comiciales y las zonas de alta marginalidad, específicamente en el estado de Guerrero, distan mucho de la realidad que las autoridades federales y electorales aseguran.

El senador afín al partido Morena, contradijo lo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong sobre que “el país no está en llamas, no está incendiado”; y lo que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que “a días de los comicios sólo ocho de las casi 149 mil casillas están en riesgo de no instalarse por falta de funcionarios insaculados y capacitados”.

Alejandro Encinas reveló que el representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate Chapa, señaló que de acuerdo a una reunión con el presidente consejero Lorenzo Córdova, en Oaxaca y Guerrero se concentran los principales riesgos de las elecciones a causa de los movimientos sociales.

Según la versión, que el órgano electoral rechaza que haya existido, al INE le preocupa la situación en el primer estado donde existe una amenaza de la CNTE de no permitir la instalación de casillas; en el caso de la segunda entidad los municipios problemáticos son Chilpancingo, Tixtla, Tlapa y Chilapa; y en cuanto a criminalidad los focos rojos se encuentran en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Jalisco.

De lo anterior, agregó que el INE no percibe un intento de sabotaje por parte del crimen organizado, sino que tanto para la Segob y el máximo órgano electoral el reto está en los conflictos sociales.

Mediante una tesis y análisis, el senador refutó que los movimientos sociales no se encuentran focalizados en solo unos estados sino en la mayor parte de la República: la defensa de los recursos naturales por la comunidad Yaqui en Sonora; la problemática salarial de los jornaleros agrícolas en San Quintín; las disputas y conflictos agrarios en Cintalapa, Chiapas; la construcción de obras como El Zapotillo, en Jalisco; o la Hidroeléctrica El Naranjal, en Veracruz.

Respecto a los conflictos entre grupos delincuenciales registrados en diversos estados, Alejandro Encinas precisó, de acuerdo a su análisis, 18 conflictos identificados entre los que destacan por su nivel de violencia y agresividad el Cártel del Golfo, Los Zetas, Cártel de Juárez o el de los Beltrán Leyva, los cuales no sólo se concentran en los estados de Guerrero, Michoacan y Jalisco, sino en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Colima y Guerrero, y que podrían poner en riesgo las elecciones.

“A esto ahora se suma la violencia electoral, donde en 13 estados se han registrado al menos 70 hechos que involucran secuestros, homicidios, ataques armados, agresiones físicas, robos, quemas de casa y vehículos, regresando a prácticas con la presencia de grupos porriles al servicio de candidatos”, refirió sobre la situación.

Además, “la evidente debilidad institucional y la crisis del Estado en donde las campañas electorales iniciaron con guerra sucia de acusaciones, dispendio de recursos, prácticas de espionaje no solo a candidatos sino a la propia autoridad electoral”.

Dijo convencido que después del 7 de junio habrá un cambio sustantivo por la presencia de candidatos independientes competitivos, el asuntos de las tensiones sociales, la debilidad del Estado, el descrédito de los partidos y el colapso del actual sistema de gobierno que no representa a la sociedad, lo que requerirá de nuevos mecanismos de relación de la sociedad con sus autoridades.