A 8 años de secuestro, calvario de empresario José Morales no termina

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre de 2019.- Por ocho años se ha prolongado el trauma que aqueja al empresario mexiquense José Morales, quien en el año 2011 fue sustraído de su domicilio en Huixquilucan por un comando que exigió un millón de dólares como rescate, posteriormente sus captores lo ingresaron a un reclusorio argumentado un supuesto fraude; cuatro años después, hombres armados se presentaron de nuevo en su domicilio promoviendo una deuda por 277 mil dólares, para lo cual, asegura la defensa del industrial, se trata de una extorsión que buscan validar con documentos y pagares apócrifos al demandar por la vía civil el pago millonario, proceso que se ha prologado hasta la anualidad en curso.

El abogado Germán Cruz sostiene que detrás del secuestro y el intento de extorsión en contra de su defendido y también tío, existe una serie de complicidades de políticos y ex policías de Durango, a quienes responsabiliza desde hace ocho años del plagio del empresario.

A cambio de liberar al empresario sus captores exigían un rescate de un millón de dólares, pero debido a la trascendencia que tuvo en medios de comunicación el caso, los secuestradores  optaron por encarcelarlo y acusarlo de cometer un fraude contra el Gobierno de Durango señalando que el empresario incumplió con la entrega maquinaria para procesar mezcal, giro al que se dedica su empresa.

“Quien privó de su libertad a mi tío fue Marco Antonio de Haro, que ostentó el cargo de Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Durango, y es primo hermano de quien fuera secretario de Gobierno Hugo Rosales, pero cuando secuestró a mi tío no trabajaba como policía, ya no era funcionario público, por lo tanto carecía de una orden de aprehensión y de un convenio de colaboración entre Procuradurías porque la privación se registró en el domicilio de mi tío en el Estado de México y él fue llevado a Durango”, aseguró el defensor quien a lo largo de su trayectoria ha fungido como también como asesor jurídico para distintas embajadas de países de América y Asia.

José Morales estuvo secuestrado 14 días en 2011, según relató su propio abogado a Quadratín, tiempo en que sus captores exigieron un rescate, sin embargo, su familia al hacer pública la situación en la que se encontraba, el empresario fue llevado a un reclusorio en Durango, en donde según su defensa le fabricaron un expediente para buscar procesarlo por fraude.

“Mi tío es un empresario que se dedica a la fabricación de maquinaria industrial, y durante la administración estatal del gobernador de Durango Ismael Hernández fue contratado para diseñar e instalar dos plantas para procesar mezcal, ahí fue donde creemos que ubicaron a mi tío como un empresario a quien podían secuestrar para obtener recursos para las campañas electorales” insiste el defensor.

Germán Cruz sostiene que horas antes del secuestro, a su tío lo contactó  vía telefónica una persona a identificada como Nayar Paredes, quien fuera asesor y secretario particular en la Secretaría de Agricultura,  Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Durango, el entonces funcionario duranguense presuntamente le advirtió “que tarde o temprano él iba a pagarla”.

Durante el proceso electoral de 2010, José Rosas Aispuro, actual gobernador de Durango, compitió por primera vez en la búsqueda de la Gubernatura, en ese intento fue derrotado por el  priista Jorge Herrera, a quien el entonces abanderado de la coalición PAN, PRD, Convergencia y PT, acusó de recibir financiamiento de grupos delincuenciales dedicados al secuestro y la extorsión, lo cual le valió que el entonces gobernador priista Ismael Hernández  demandara al político opositor por difamación.

La versiones periodísticas y testimonios de empresarios como José Morales que presumen que parte el pago de los rescates de secuestros y extorsiones tenían como fin las campañas electorales, es tomada como válida por el abogado Germán Cruz quien asevera  que bajo ese contexto se dio el secuestro de su familiar.

Germán Cruz señaló que como defensor y sobrino de la víctima acompañó a sus familiares en la negociación del secuestro incluso acudió a una cita en el hotel El Gobernador en Durango  en donde los presuntos captores señalaban que el plagió había sido motivando por el incumplimiento de la entrega de las maquinaria al Gobierno de Durango.

Cuando estaban agotadas las negociaciones y debido a que la familia no tenía señales del paradero del empresario, recibieron una llamada anónima que refería que él se encontraba detenido en una cárcel, pero no se especificaban mayores datos del centro de reclusión.

Tras el aviso la familia emprendió una búsqueda de dos días hasta que llegaron al centro penitenciario que se ubica en la capital de Durango e indagaron que Morales se encontraba  recluido pero no obtuvieron mayores datos hasta que acudieron al juzgado segundo penal a cargo del juez Juan Manuel Lira.

“Fue así como nos enteramos que se encontraba ingresado pero no existía ningún expediente, o documento que sustentara la detención y el ingreso al penal del empresario, sin embargo a los dos días ya se encontraba en curso una carpeta presumiendo el presunto fraude.

“Yo me entrevisté con el Juez Lira y él me dice que mi tío está acusado de un fraude, sin embargo, yo advertí que no existía expediente, ni orden de aprehensión, averiguación, y tampoco oficios de colaboración y se desconocía quienes eran los policías que lo detuvieron.

“De inmediato solicité que un actuario acudiera a dar fe que en la población de El Mezquital y en Durango se encontraban laborando los equipos para la destilación de mezcal los cuales habían sido entregados en tiempo y forma.

“El juez se negó a que fuera un actuario, a lo cual repuse que como no existía expediente, averiguación u orden de aprehensión iría a la Procuraduría General de la República a presentar la denuncia por privación ilegal de la libertad. Minutos después de que abandoné el juzgado el Juez me alcanzó y me pidió regresar, una vez en su oficina me dijo que sí le concederá la libertad pero que tendría que depositar una fianza de un millón de dólares.

“La misma cantidad que estaban pidiendo los secuestradores, que asumo estaban coludidos con el aparato estatal, fue la misma cantidad que nos pidió el juez para liberar a nuestro familiar, la cual tuvimos que cubrir”, señaló el abogado.

En 2015, revivió nuevamente la angustia de José Morales cuando hombres armados se presentan en su domicilio escoltando al abogado Nayar Emilio Paredes, el mismo personaje que según el abogado defensor cuatro años antes le marcó a su tío para amenazarlo minutos antes de ser secuestrado.

“Paredes iba acompañado de Jorge Gutiérrez, un particular a quien mi tío le había comprado una propiedad, y quien ahora reclamaba el pago de 277 dólares ostentado un supuesto pagaré que presuntamente había firmado mi tío.

El abogado Paredes notificó que como representante de Gutiérrez entablaría un juicio para exigir cubrir la cantidad que se ostentaba en el supuesto pagaré.

“El juicio se entabló ante el juzgado 43 civil de la Ciudad de México, y las palabras textuales del abogado Paredes fueron, en Durango ganaste el primer round, pero aquí en la Ciudad de México tenemos todos los contactos, sino pudimos sacarte dinero allá te lo vamos a sacar aquí”, mencionó Germán Cruz al referir que esa fue una de las amenazas que profirió la contraparte al momento de que se encontraron en juicio.

El presunto pagaré que presentó la parte demandante, cuenta con tres dictamines periciales que advierten que se trata de un documento apócrifo, los estudios presentados indistintamente uno por el perito de defensa, un segundo por el perito tercero en discordia y un perito de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México coinciden que el documento fue manipulado.

La perito tercero en discordia avalada por el Tribunal Superior de Justicia, Martina del Rosario Álvarez dictaminó que el pagaré ostentado por la parte demandante está alterado en número y letras, puesto que se utilizaron distintas tintas en varios momentos, por lo cual se trata de un documento falso.

Ese dictamen llevó Germán Cruz y a su tío a ganar la demanda en primera instancia, pero la contraparte apeló la sentencia y el asunto llegó a la Sala Cuarta Civil de la Ciudad de México en donde obtiene una sentencia contraria y daban por bueno el pagaré pese a dictamines de los distintos peritos que coinciden en la manipulación del documento.

“Al considerar que se vulneraban nuestros derechos decidimos recurrir a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México demandando por la vía penal en diciembre de 2015, a Jorge Gutiérrez por fraude procesal y falsedad de declaraciones, cuatro años después en agosto de 2019 un peritaje de la dependencia capitalina nos da la razón y dice que en el pagaré hay alteración, supresión en el documento.

“Tras el peritaje y a pesar de las pruebas, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Ciudad de México Rodrigo de la Riva consideró que no se puede ejecutar la acción penal contra quienes nos intentan extorsionar porque a su parecer mi tío debe esa cantidad aunque los peritajes digan lo contrario y él no es una autoridad en materia mercantil como para dictaminar si existen adeudos”, insiste el abogado defensor.

Ante los reveses y complicidades que se han encontrado el empresario y su defensa recurrieron a un amparo indirecto en contra de la resolución de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Ciudad de México y buscarán exponer su caso al Presidente de la República por medio de una misiva.

“Desde el año 2011, lo único que veo aquí es la asociación de varias personas entre Jueces, Magistrados, Fiscales y Subprocuradores implicados en una red de corrupción beneficiando a gente que ese dedica al secuestro y a las extorsiones que tuvieron su origen en Durango”,  aseguró el abogado quien insiste que continuarán defendiendo por todas las vías legales a su alcance.