A CONSIDERAR: Cassez, principio y no fin

Por el bien de la patria, la liberación de Florence Cassez debe ser un punto de partida hacia un cambio del más alto impacto en el Estado mexicano. Esta polémica ha dado un duro golpe no solo para la credibilidad de las autoridades mexicanas dentro y fuera de nuestras fronteras, sino para la sociedad entera, que se siente indignada, ofendida, desamparada.

Seguramente en nuestra conciencia colectiva ya quedó grabada a fuego la imagen de las víctimas de la infame banda de Los Zodiaco llorando, rotas, impotentes, mientras la ciudadana francesa abandonaba la cárcel.

A ese dolor, compartido por muchos mexicanos, le debe dar sentido social una acción gubernamental decidida que haga del caso Cassez el punto de partida para una reforma institucional de calado histórico.

Este asunto no puede quedarse en la resolución del destino individual de una mujer. Es indispensable que provoque un eco estruendoso en los pasillos del poder, en las salas judiciales, en las cúpulas gubernamentales que deciden las estrategias de seguridad pública y en algunos medios de comunicación, esos que se alían con autoridades inescrupulosas para exhibir a ciudadanos apresados sin que se les haya comprobado su culpabilidad.

Es obligado, sobre todo, que los responsables directos de este daño a la imagen del país y —lo más importante— los derechos de las víctimas, sean sancionados de manera ejemplar.

Genaro García Luna y su corte, quienes estuvieron apadrinados políticamente por Felipe Calderón, deben enfrentar consecuencias severas por “producir” (en el sentido televisivo del término) este caos de dolor humano.

Debido a la desmedida avaricia política que los hizo llegar a extremos violatorios de los derechos humanos con tal de figurar en los medios, esta gavilla dejó a la sociedad mexicana con la duda irresoluble de si Florence Cassez es o no culpable.

Ensuciaron a tal grado el proceso en contra de la ciudadana francesa que ya jamás podremos saber con certeza la verdad, con el consecuente duelo irresuelto que padecerán por siempre quienes fueron secuestrados y sus familias.

Es por ellos, por su sufrimiento y por su hambre de saber la verdad, que el primer paso para asegurarnos de que un caso así no se repita es castigar a las autoridades responsables de esta tragedia que ha sacudido a la patria entera. Las sanciones a los funcionarios culpables serán el cimiento sobre el cual se erigirá la justicia que aún se puede hacer a las víctimas.

Todavía tenemos una oportunidad de sacar algo constructivo en este doloroso caso. Con la participación activa de la sociedad y el apoyo de líderes políticos con visión de futuro, vamos a decidir qué tipo de país queremos ser. Así tengan que ser sancionados los todopoderosos del anterior sexenio, es hora de definir si mañana seremos un México en el que las autoridades pueden fabricar culpables y pisotear los derechos de las víctimas de delitos, o si seremos un México de hombres y mujeres iguales ante la ley.

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