A CONSIDERAR…: Ciudadanizar lucha contra la corrupción

Para los gobiernos estatales y municipales el tema de la deuda pública es cada vez más una amenaza, que expone la irresponsabilidad de muchas autoridades, así como actos de corrupción que hacen jaque a su futuro comunitario.

Seguramente por ello también fuera de la capital del país hizo un eco tan intenso el informe presentado esa semana por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues tocó temas que importan no solo al gobierno federal, sino a los locales: estamos ante una llamada de atención al Estado mexicano en su totalidad, pues lo profundo y vasto de sus hallazgos toca a todos los partidos: “En los últimos 30 años las políticas públicas de combate a la corrupción han fallado, pues a pesar de tener claridad sobre sus causas no se avanza en sus soluciones ni en la generación de una cultura eficaz de respeto al uso de recursos públicos”.

Tan solo por la revisión de la Cuenta Pública 2011 se interpusieron “134 denuncias penales, principalmente en Agricultura, Reforma Agraria, Comunicaciones y Transportes, IMSS, ISSSTE, CFE y gobiernos estatales”. Pensemos que falta revisar el 2012, año en el cual hubo una innumerable cantidad de polémicas en asuntos relacionados con corrupción.

Sumemos, también, los casos de que día a día inundan los medios masivos de comunicación y las redes sociales, que de tan frecuentes han dejado de ser escándalos para convertirse en una perniciosa rutina. Ahí están la infame “Estela de Luz” y la intromisión clandestina de funcionarios en el negocio de los casinos. La sociedad espera acciones correctivas y de aplicación de la ley a quienes han estafado al Estado. Se espera, también, que no se ventilen esos casos solo para lucimiento político o para presionar en las negociaciones sobre la mesa del Pacto por México.

Ahí están los datos dados a conocer por analistas de la iniciativa privada que sustentan que a México las prácticas corruptas le cuestan anualmente hasta un 10% de su Producto Interno Bruto. En un país con la magnitud de los retos que enfrenta el nuestro, en los que persisten el hambre e indignantes niveles de pobreza extrema, es una afrenta a nuestra ética pública que esa cantidad de recursos sea desviada.

A decir de la propia ASF, esta alarmante situación tiene que ver con la existencia de un “enfoque correctivo”, impulsado por órganos de control que se dedican a sancionar más que a prevenir y más que a “detectar específicamente las prácticas de corrupción” se enfocan a “verificar el cumplimiento estricto de la normatividad”. Es notorio, además, que en muchos estados y municipios las contralorías carecen de independencia.

Como miembro de la Concertación Mexicana, la cual se distingue por un acendrado esfuerzo por fortalecer la participación y el poder del ciudadano en todos los espacios del Estado, considero que la república está ante un foco rojo que demanda una acción inmediata marcada por una mirada innovadora sobre el problema, no con viejos enfoques ni con recetas que repetidamente han probado su futilidad.

Ese nuevo camino tiene que ser abierto por el ciudadano. Sí, estamos más que de acuerdo con la creación de una institución de carácter autónomo en lo político y lo económico para combatir la corrupción, pero no debe escapar durante su creación la apertura de espacios a ciudadanos que —sin amarres partidistas ni empresariales— tengan la fuerza para limpiar a nuestro Estado.

En el Ejecutivo Federal, en cada gobierno estatal y municipal, en cada legislatura, en cada espacio de procuración de justicia, debe estar la presencia atenta del ciudadano, pero no solo como si de un testigo se tratase, sino con autoridad jurídica y atribuciones vinculatorias suficientes para combatir la corrupción con fuerza y eficacia.

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