A CONSIDERAR…: Empresario VS Presidente

Por tan numerosos y tan virulentos, los enfrentamientos entre el presidente y diversos ciudadanos dejaron ser rumores hasta convertirse en noticia. Algún lector bien informado recordará que Calderón se exasperó más de una vez al ser cuestionado en sesiones de preguntas y respuestas, llegando al extremo de regañar a sus interlocutores.

Eso fue especialmente notorio cuando se le señalaba la vital necesidad de cambiar la estrategia contra el crimen, lo que lo obnubilaba al grado de olvidar la consustancial dignidad de su investidura.

Por esos antecedentes no resulta extraño que hoy la presidencia de la república se encuentre enfrascada en una escaramuza con el empresario Joaquín Vargas, quien acusó al gobierno federal de exigirle despedir a la periodista Carmen Aristegui y no impugnar la operación Televisa-Iusacell. En juego estaba el valiosísimo uso de la banda 2.5 Gigabytes.

El asunto se encuentra en un impasse que seguramente habrá de resolverse en tribunales, pero vino a reiterar una impostergable necesidad de nuestro sistema político: reformar las relaciones entre el poder y los empresarios propietarios de medios de comunicación.

De manera aparentemente deliberada, el régimen autoritario creó un laberinto jurídico en el que el gobernante tiene poderes discrecionales,  y mano libre para decidir sobre inversiones, así como amenazar el patrimonio de emprendedores que generan empleos y contribuyen a la vitalidad económica nacional.

Este esquema es más visible y evidente en el plano nacional, pero se replica en muchas entidades de la república en las que los medios locales luchan contra presiones de gobernadores y alcaldes, generadas primordialmente a través de la compra de publicidad.

Mientras se mantenga este entramado de indefiniciones jurídicas, seguirán creándose oportunidades para que los gobernantes intervengan de manera indebida en aquellos contenidos que presentan los medios, distorsionando a la opinión pública. En el río revuelto de las concesiones y la publicidad, solo puede ganar la imposición del poder manipulador y autoritario.

Esa es un área que los senadores y diputados entrantes deben atacar como prioridad, creando un marco jurídico transparente, claro y con reglas del todo conocidas que atajen toda acción discrecional de la autoridad.

Igualmente, allí habrá mucha tela qué cortar para la Comisión Nacional Anticorrupción ya anunciada por Enrique Peña Nieto.

No se trata solo de proteger esos empresarios que creen en México, que deciden mantener sus inversiones en el suelo patrio y que crean fuentes de empleo. Este asunto trasciende a empresarios, al propio presidente y a sus enfrentamientos.

Se trata, sobre todo, de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información, en los que se fundamenta una democracia efectiva. Solo desde la ley, solo desde la transparencia, tendrán voz todas las distintas formas de pensar y de concebir la política del amplio espectro ideológico mexicano.

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