A DOS PUNTAS: Temas de seguridad nacional mexicana en manos estadounidenses

Pero la demanda, tan justa como se quiera, nos enfrenta con una realidad. Las autoridades mexicanas no parecen tener recursos o voluntad para enfrentar el problema y a cambio esperan que la buena voluntad del gobierno estadounidense lo resuelva.

Y no es que se trate de un problema nuevo.

Hace 20 años, un reporte de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) consignaba la facilidad con que era posible pasar armas de contrabando a México y señalaba incluso que revólveres baratos -los llamados “saturday night specials”-, que en aquel entonces podían conseguirse  por tan poco como 50 dólares, multiplicaban por cinco o seis su precio de compra con solo llegar cien kilómetros adentro de territorio mexicano.

Aquel reporte hablaba de que grupos guerrilleros se habían abastecido de armas mediante compras en Estados Unidos y era francamente alarmista. Pero nada sucedió.

Igualmente ahora, todo el ruido alrededor de “Rápido y Furioso” no es una expresión de preocupación por el tráfico de armas. Es un juego político para golpear al gobierno de Barack Obama.

En términos reales, legisladores republicanos en la Cámara baja han administrado los tiempos para que su reporte sobre la fracasada operación que permitió el paso de armas a México con la presunta intención de identificar a sus delincuenciales destinatarios.

Mas de dos mil armas, especialmente largas (rifles, fusiles) fueron adquiridas por compradores sospechosos y llegaron a destinos en México antes de que el escándalo reventara luego de que dos armas de ese operativo fueran halladas cerca del sitio donde fue asesinado Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010.

El escándalo reunió algunas características perfectas para jugarlo de manera política. Por un lado, era y es una “metida de pata” de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF), especialmente odiada por la derecha estadounidense como encargada de tratar de regular el comercio y la posesión de armas de fuego, un derecho que en Estados Unidos algunos consideran casi divino.

Por otra parte, el manejo del gobierno estadounidense lo obligó a realizar una investigación y no hablar mucho de ella sino hasta tener resultados. La indagación del Departamento de Justicia no ha terminado pero la pesquisa paralela del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental ya comenzó a arrojar resultados en tiempo exacto para el inicio de la temporada electoral.

En la semana hubo ya el informe sobre cinco elementos del ATF involucrados en la operación. Nada nuevo, por cierto. Y se anunció que en unas semanas habría resultados sobre el papel del Departamento de Justicia en el escándalo -una suerte de que sabía y cuando lo supo, las preguntas “clave” para los escándalos políticos estadounidenses- y su presunta obstaculización de la pesquisa legislativa y aún desacato al Congreso.

Y seguimos sin una policía aduanal eficaz. ¿Porqué? Quien sabe. La eficiencia de las autoridades de Hacienda para corretear a los causantes -siempre y cuando sean cautivos, por cierto- no se ve reflejada en temas que importan para la seguridad nacional, como el tráfico de armas y el lavado de dinero.

A cambio le pedimos a Estados Unidos que haga lo que nosotros no queremos hacer…

QMex/jcf