Buscan más de 10 mil personas cargos en el Poder Judicial, revela Noroña
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de septiembre de 2024.- El grupo de abogados que representan a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z-40, quien es identificado como máximo líder del grupo criminal Los zetas, hicieron un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que realicen una defensa consular a su cliente que evite al tamaulipeco ser extraditado.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, declaró el pasado 8 de agosto que “Estos dos líderes de los cárteles (Z-40 y Z42), han matado a la vista de nosotros muchas personas y provocado mucha violencia tanto en México como en Estados Unidos, han estado en espera de la decisión de un juez por muchos años”.
“El Z-40 por más de 10 años y el Z-42 por nueve años. No hay ninguna decisión de la Corte sobre estos dos y nosotros tenemos una petición de extradición”, recalcó Salazar al ratificar el interés por llevar a ambos detenidos a ser enjuiciados en Estados Unidos.
Ante esto, el abogado defensor Juan Manuel Delgado señaló que cuando un Embajador habla, lo hace a nombre de su Gobierno y del Ejecutivo, por lo que es una afirmación a priori de que nuestro cliente es un asesino y jefe de un grupo criminal, lo cual genera una influencia ante un jurado que eventualmente pudiera conocer estas afirmaciones.
“Las personas que llegaran a ser jurados populares en contra de una eventual, pero ilegal, extradición de nuestro patrocinado, pues estarían definitivamente corrompidas”, enfatizó.
El litigante afirmó que además no pueden extraditar a su defendido, ya que en México no hay una orden de culpabilidad por delincuencia organizada en contra del acusado, porque la Fiscalía General de la República (FGR) no demostró que el acusado realmente es el jefe de los Zetas.
“Sería un acto de traición a la patria extraditarlo, porque no sería una extradición, sería un destierro, todo en base a las condiciones que tenemos”, indicó quien también fuera defensor de Alfredo Beltrán Leyva.
Delgado González expuso que presentó una denuncia ante la FGR por los dichos del diplomático estadounidense, por el delito que resulte, encaminándola a una investigación por la Fiscalía ante una falsedad de declaración, estableciéndose una facultad de abstención de investigación debido a la inmunidad diplomática.
“No tiene necesariamente que ser el hecho de que sea que Ken Salazar, sino cualquier persona pública que está utilizando el poder o la estructura gubernamental para hacer menciones, de las cuales no hay ningún elemento el cual pueda probar su dicho”, resaltó el también defensor Sergio Ramírez.