Abren investigación a la infanta Cristina por presunto delito fiscal

MADRID, 24 de mayo (Quadratín México).- El juez tercero de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, acordó abrir una investigación a la infanta Cristina de Borbón por presuntos delitos fiscales cometidos junto a su esposo Iñaki Urdangarin.

En un auto judicial emitido este viernes, apuntó que la segunda hija de los reyes de España habría cometido delitos de lavado de dinero y fraude fiscal, por lo que pide a la Agencia Tributaria nuevos datos sobre los ejercicios fiscales de la infanta y su marido.

En concreto, solicitó se aclaren las contradicciones o lagunas legales en torno a un informe sobre supuestas irregularidades de Aizóon, empresa que junto con Nóos encabezaba la pareja.

Castro tiene interés en comprobar si entre 2007 y 2010 se desvió dinero de Aizóon para obras en la casa del matrimonio en el barrio de Pedralbes, en Barcelona, al noreste de España.

El juez incorporó al expediente del caso las últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de la infanta y revisará la situación de otros impuestos y cuentas bancarias.

Asimismo, Castro inició trámites para enviar una parte de su instrucción al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para seguir el papel de la alcaldesa, Rita Barberá y el ex presidente valenciano Francisco Camps, en operaciones de Urdangarin.

Las diligencias dictadas por el juez en la isla española en el Mediterráneo forman parte de la investigación a Urdangarin y su ex socio Diego Torres, acusados de apropiarse de recursos públicos de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

El yerno del rey encabezaba el Instituto Nóos (del que se deriva la firma Aizóon), dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las cuales realizaba con ambos gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.

Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental y prevaricación ( delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial), a sabiendas de que dicha resolución es injusta, y ahora se les investiga por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

En enero pasado, un juez encontró culpable a Urdangarin y a su ex socio Diego Torres del desvío de 6.1 millones de euros de las  administraciones regionales de Las Islas Baleares y Valencia al citado Instituto Nóos, gestionado por ambos, por lo que les impuso una fianza de 8.1 millones de euros.

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