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CHICAGO, 30 de diciembre (Quadratín México).- En el año de 1935, en el estado de Oklahoma los comerciantes se dieron cuenta que los clientes no podían estacionarse frente a sus negocios debido a que los empleados ocupaban las calles con sus autos.
Por ello sugirieron reservar la calle a los clientes y… ¡bingo!, inventaron los parquímetros. La idea además representó un ingreso económico para la municipalidad, pero también se sumó otro sector al premio: la policía.
En Chicago, eso no fue suficiente y se invitó a un tercero, pues se rentaron los derechos de los parquímetros a una empresa privada, y la idea de atraer clientes se convirtió en una trampa leonina contradiciendo el propósito original.
Así, Chicago se vuelve la ciudad más abusiva de los Estados Unidos cobrando 6.50 dólares (85 pesos mexicanos) por hora de estacionamiento, efectivo a partir del 1 de enero de 2013.
Esto no inició ahora. El anterior alcalde de la ciudad de los vientos, Richard M. Daley, en 2008, con la venia de los concejales aprobaron la iniciativa a ciegas, convirtiendo el estacionamiento callejero en una industria muy lucrativa. Sobre todo por la desproporcionalidad de las condiciones, el destino de las utilidades y el costo elevado.
Se cedieron los derechos a una compañía privada por un costo de 1.15 billones de dólares (figúreselos en pesos) para un periodo de 75 años.
Por lo que ahora, Chicago no sólo es ya la ciudad más conocida por sus gánsteres italianos como Al Capone, sino también por las autoridades que siguen ese ejemplo de cobrar derecho de piso a la ciudadanía, le guste o no le guste.
También es sabido que el negocio de los estacionamientos privados ya existentes en el centro de la ciudad está controlado por la mafia irlandesa con los Daley como intercesores. Estacionamientos que cobran desde 25 y hasta 30 dólares una hora.
Cuando el entonces alcalde Daley planteó la idea de la privatización hubo quejas ciudadanas. Se denunciaba no sólo el daño a los consumidores, sino por lo obscuro del contrato y que no se reflejaría en algún beneficio social o económico para la ciudad.
El reconocido comerciante Roberto Garza, de la calle 26 del barrio mexicano La Villita, fue uno de los principales opositores.
Garza, miembro de la Cámara de Comercio de La Villita, conoce el problema por ambos lados. Y no encuentra justificación alguna a estas medidas que acaban por ahuyentar al protagonista principal de la economía: el consumidor. Y eso que en La villita son dos dólares por hora.
Además, de que el ex alcalde haya tomado semejante decisión aunque fuera secundada por su séquito, solo con el fin de obtener ingresos para cubrir déficits de la ciudad que él administró. Dinero que no se sabe con certeza dónde quedó. “Se ocultó información desde el inicio y ahora tenemos las consecuencias, y lo peor, hay que pagarle al verdugo”, agregó Garza.
Chicago Parking Meters (CPM), es la compañía que obtuvo el contrato que no sólo abusa en el cobro, sino que una vez que el cliente comete el pecado de excederse de tiempo, se gana una multa de 50 dólares (651 pesos). Si esta no se paga en la fecha estipulada se dobla la cantidad. Y si se acumulan dos ‘tiketes’ (multas) corre el riesgo de que le pongan la “bota” que inmoviliza al auto.
Garza a esto lo califica como un abuso contra el ciudadano al privarlo de su transporte para subsistir.
“Se debería de interponer una demanda ciudadana por ser una medida anticonstitucional, ya que por intereses económicos y políticos, y una mala negociación, causan daños y perjuicios contra el pueblo que ahora deberá aguantar por 75 años o más el contrato”, dijo el comerciante de origen mexicano.
Al parecer todo esto va acompañado de una maraña de intereses y corrupción, pues se asegura que familiares de Daley son representantes o consultores de la compañía CPM. Lo que es un conflicto de interés y políticamente inmoral. Además, el municipio le dejó toda la responsabilidad a CPM para: cobrar, contratar a sus empleados que dan multas a destajo, emitir las multas a nombre de la ciudad de Chicago, y a la policía para tomar acción contra los infractores “irresponsables”, cuando su función debería de ser protegerlo.
En este bingo de los parquímetros el “cliente” no tiene a quién recurrir. Al menos como señala Garza, se solicite la intervención de la poderosa agencia ‘Better Government Association’ que investiga casos de corrupción e ineficiencia en las instituciones, y que ha puesto a muchos funcionarios en su lugar.
El alcalde actual, Rahm Emanuel, quiere renegociar el contrato con CPM, y los amenaza con no pagarles, pero se refiere a una deuda extra que quiere cobrar CPM, pues alegan que Chicago les debe 61 millones de dólares debido a que durante eventos público, cuando se hace uso de calles, y por los espacios para discapacitados, a quienes no les pueden cobrar por estacionamiento. ¡Ja, “orasí”!
Si los comerciantes fueron los ocurrentes de esta idea genial, pues sería justo y conveniente para ellos mismos que tomen la iniciativa.
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