
Descarta AICM emergencia de avión procedente de Ámsterdam
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre de 2018.- Mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Claps) y de acuerdo con una investigación, empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras) obtuvieron recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela, mediante tres mecanismos de operación:
En mensaje a medios por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se informó que a lo largo de la investigación se detectó la existencia de diversos operadores, como el señor Alex N., aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro N., Emmanuel N., Santiago N. y Andrés N., quienes; con el propósito de obtener los productos alimenticios que deben suministrar al gobierno venezolano, acudieron a diversos países (entre ellos, México) para contactar con otras empresas.
Derivado del trabajo realizado en coordinación con diversas Dependencias del Gobierno federal y de los avances en la indagatoria, el agente del Ministerio Público de la Federación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Penales y 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, celebró un acuerdo reparatorio con diversas personas físicas y morales involucradas en la investigación, en los siguientes términos:
Con motivo de la investigación realizada, se localizaron mil 300 contenedores marítimos en tierra mexicana, que contienen aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era el país de Venezuela, las cuales fueron proveídas por los empresarios relacionados con la presente investigación.
Sin embargo, al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales la población de Venezuela, se tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios; pues de lo contrario se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa Nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o de que su entrega se realicen en condiciones no aptas para el consumo humano.
Destacó que los elementos aportados por esta investigación serán compartidos con las autoridades competentes a nivel internacional con objeto de continuar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y en particular, de este esquema fraudulento.
La denuncia fue presentada por denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien inició una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, en contra de diversas personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y servicios de logística, al advertirse operaciones inusuales en su administración.