Abusos contra mujeres, habituales para obtener confesiones: AI

CIUDAD DE MÉXICO a 28 de junio de 2016.- La mayoría de mujeres encarceladas por supuestos delitos de narcotráfico sufrieron abusos sexuales “habituales” por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas para obtener información y confesiones en el combate contra el crimen organizado.

De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional (AI), 100 mujeres que fueron recluidas en prisiones federales revelaron que sufrieron de tortura u otros malos tratos, además de haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o de miembros del Ejército y la Marina.

Según el relato de estas mujeres, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas, un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones

“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.

“Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada guerra contra el narcotráfico de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles”, dijo Erika Guevara–Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La mayoría de las mujeres encarceladas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio.

Según el organismo, prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas, muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como “criminales” inmediatamente después de haber sido obligadas a “confesar” los delitos.

La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva.

No hay justicia eficiente

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres.

Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Guevara–Rosas.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos.

Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia. De los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional de que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.

Según informó la Marina, sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo. Un marino condenado a prisión por abusos sexuales sólo fue apartado temporalmente del servicio en la Marina, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel.