Academia exige frenar la Ley Serrano por amenazar libertades

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de julio de 2026.- La presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación (AMC), Lidia Camacho, lanzó un enérgico llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo de San Luis Potosí para revisar y corregir de inmediato la denominada Ley Serrano, al advertir que su aplicación representa un riesgo para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el Estado democrático de derecho.

En un pronunciamiento público difundido este martes, la Academia sostuvo que la libertad de expresión constituye un derecho humano fundamental y una condición indispensable para la vida democrática, por lo que cualquier legislación que propicie la persecución penal de periodistas, comunicadores o ciudadanos por sus opiniones genera un efecto inhibidor incompatible con un régimen de libertades.

El posicionamiento, respaldado por Lidia Camacho, señala que, aunque la reforma fue presentada como un mecanismo para regular el uso de la inteligencia artificial, los hechos evidencian que su aplicación ha derivado en investigaciones, órdenes de aprehensión y acciones penales contra personas comunicadoras, lo que considera una grave amenaza para el debate público.

La AMC advirtió que las normas con tipos penales ambiguos o sujetas a interpretaciones discrecionales ponen en riesgo derechos fundamentales y recordó que ninguna persona debe enfrentar procesos penales por investigar asuntos de interés público, expresar opiniones o formular críticas a quienes ejercen el poder.

Asimismo, la institución expresó su coincidencia con las preocupaciones manifestadas por organismos especializados en derechos humanos, entre ellos Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que han cuestionado la compatibilidad de esa legislación con los estándares constitucionales e internacionales de protección a la libertad de expresión.

Como parte de su pronunciamiento, la Academia pidió revisar de inmediato la constitucionalidad de la llamada Ley Serrano, impulsar la derogación o modificación de las disposiciones que vulneren derechos fundamentales, garantizar el cese de cualquier acto de persecución judicial derivado del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y abrir un proceso de diálogo con periodistas, especialistas y organizaciones civiles para construir una regulación compatible con el marco constitucional.

También rechazó cualquier intento de establecer un registro de periodistas, al considerar que una medida de esa naturaleza atentaría contra los derechos humanos.

“La respuesta institucional frente a la crítica no puede ser la criminalización”, enfatizó la Academia, al reiterar que las democracias se fortalecen cuando protegen las voces críticas y no cuando buscan silenciarlas.