Acataremos fallo del Tribunal si Bonilla respeta los dos años: PRD

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre de 2019.- El excandidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez respaldado por la dirección nacional del partido, informaron que, aunque no están de acuerdo, acatarán la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la ratificación del triunfo de Jaime Bonilla como gobernador de aquella entidad.

Sin embargo, el ex candidato y la dirigencia condicionaron este acatamiento, pues exigieron que el propio gobernador electo también se allane a la resolución y gobierne los dos años que le corresponden, de lo contrario, anunciaron que tienen preparados una serie de recursos jurídicos a los que recurrirán para evitar lo que llamaron, este acto inconstitucional.

«Si ellos (Morena) intentan o siguen con su intención de ampliar a cinco años el mandato de Bonilla, entonces sí nos veremos en la necesidad de impulsar un movimiento de carácter nacional; por eso hacemos esta propuesta, que dejemos las cosas, nos serenemos, actuemos con prudencia, acatemos la resolución del Tribunal, hagan su gobierno de la mejor manera y nos veamos en las elecciones de 2021», señaló en conferencia de prensa desde la sede partidista.

Luego de las impugnaciones hechas por el PRD en el sentido de la inegibilidad de Jaime Bonilla por no cumplir cabalmente con el requisito de la nacionalidad, el TEPJF resolvió ratificar su triunfo y le entregó su constancia de mayoría para gobernar Baja California por dos años.

Sin embargo, cabe aclarar que esta resolución es independiente a la reforma que impulsó el Congreso estatal para ampliar el período de gobierno a cinco años, la cual pretenden legitimar con una consulta popular, que el PRD califica como gansito, el próximo 13 de octubre.

Ante ello, Martínez Veloz detalló que son varias las acciones que tienen preparadas en caso de que Jaime Bonilla y Morena intenten imponerse por la vía de los hechos, a ampliar el mandato a cinco años, lo que, afirmó, dejará de ser asunto solo de Baja California, para ser algo que impactará al país.

“Si esta acción se concreta, este asunto deja de ser solo de Baja California, sino que impactará al país, por lo que recurriremos a todos nuestros compañeros, organizaciones, personalidades, para formar una gran frente.

«(…) Nosotros tenemos muchos recursos jurídicos, podemos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos establecer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en Estados Unidos, incluso, se podría interponer una denuncia”, sostuvo.

El dirigente nacional perredista Ángel Ávila, señaló que, de concretarse la llamada Ley Bonilla, también interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes tendrán que actuar como un contrapeso real que revisará y resolverá sobre esta llamada Ley.

Camerino Márquez, representante del PRD Ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que aunque la resolución del Tribunal fue sobre la validación de la elección de Gobernador, también se pronunció sobre el periodo de dos años, lo que, aseguró, resuelve y despeja cualquier inquietud de prolongar el mandato.

Explicó que por la vía electoral el máximo órgano es el Tribunal y éste ya resolvió, ahora solo esperarán a ver lo qué pasa con la llamada Ley Bonilla, impulsada por el Congreso estatal, y de publicarse empezarían a utilizar los recursos jurídicos antes mencionados, entre ellos, la acción de inconstitucionalidad que ya tienen preparada.

Criticó la consulta que se ha anunciado para el próximo 13 de octubre para que la ciudadanía decida sobre aplicación de esta Ley Bonilla, la cual dijo que no tiene ningún sustento jurídico y tampoco es vinculante, por lo que no puede tomarse como legal.

“Esta consulta no se está aplicando conforme a la ley, por lo tanto, es una consulta patito gansito, como le quieran llamar; esa consulta ni tiene sustento jurídico, ni tiene valor político, ni es vinculante, ni la van avalar los ciudadanos de Baja California”, aseveró.

En cuanto al desacuerdo que tienen con la interpretación que hicieron los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en este caso, Jaime Martínez aseguró que las pruebas sobre la inegibilidad de Bonilla son contundentes.

Éstas demuestran que después de que se le otorgara el certificado de la nacionalidad mexicana en junio de 2012, éste continuó haciendo vida política electoral en Estados Unidos, lo que incluso, dijo, puede ser perseguido y castigado en aquel país pues también constituye delito.