
Los retos de México ante la renegociación del T-MEC
La toma violenta de la Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) junto a la torre de la Rectoría en CU, por grupos rijosos y con rechazo de otros núcleos estudiantiles, muestra que hay interesados en subvertir el orden en el país, para desafiar al gobierno de Peña Nieto.
Como los vándalos que atacaron el Centro Histórico del DF en diciembre pasado, el día de la toma de posesión del nuevo Presidente; actuaron con máscaras radicales del #Yosoy132 de la UNAM y Politécnico, golpearon a maestros y alumnos, tomaron y destrozaron oficinas, vidrios y mobiliario.
Van contra una reforma académica y para que se readmita a compañeros rechazados y libere a 10 detenidos un día antes por disturbios y estragos en el CCH de Naucalpan.
La directora de los CCH, Lucía Laura Muñoz Corona esperó la marcha (que partió del monumento de La Bobilla, en San Ángel) frente a sus oficinas en CU para atender demandas. Pero los agitadores hicieron de las suyas contra los llamados a la paz de estudiantes auténticos.
Ante este nuevo atropello, no basta con que la UNAM denuncie los hechos ante el MP; sino debe pedir el apoyo federal para desalojar y aprehender a los vándalos, que no buscan reivindicaciones estudiantiles, sino sólo armar camorra, como hizo el CGH en 1999.
Del 6 de febrero del 99 al 20 de abril del 2000, el Mosh y socios paralizaron la UNAM, en el paro más largo de su historia, hasta que entró la Policía Federal y los desalojó, a petición de la autoridad universitaria precisamente para defender la autonomía.
Debe llamarse a la fuerza pública antes que degenere en un paro general de la UNAM, y ahora sí sancionar a los culpables; no como a los vándalos el 1 de diciembre, en cuyo favor la Asamblea Legislativa del DF hasta modificó leyes para dejarlos impunes.
La toma en CU debe verse en un contexto nacional en el que, aparte del embate del narco, hay brotes contra el Estado de Derecho en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, cuyos actores se hacen justicia por propia mano.
En varios municipios de Guerrero grupos de auto defensa instalan retenes, atacan a quienes no se paran ante ellos y quieren enjuiciar a 54 detenidos, a los que achacan delitos o no frenar a delincuentes, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero parece estar ausente de su estado.
En Oaxaca, la Sección 32 del SNTE paralizó la capital, veja a personas, cierra el tránsito, comercios y escuelas, y el gobernador Gabino Cué no le marca el alto porque lo apoyó para llegar al poder y hasta obsequió a los revoltosos curules en el Congreso local.
En Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo no sabe qué hacer con tantas protestas, paros y atropellos de agitadores izquierdistas.
Alcaldes perredistas montaron un plantón frente a la Casa de Gobierno, exigen les entregue dinero para cubrir necesidades de sus municipios; lo que es imposible, pues su antecesor, el perredista Leonel Godoy le heredó una deuda ingente que no haya con qué saldar.
Voces sostienen que el propio Godoy está atrás de los plantones y paros en el estado, en revancha porque Vallejo denunció su peculado. Lo que es fácil indagar.
Estos focos de agitación deben conjurarse cuanto antes por ocasionar más delincuencia; no vaya a ser que los agitadores se unan en un desafío mayor al gobierno federal, que repercuta en toda la república.
Bien dicen que Dios los cría y ellos se juntan.
QMX/sfl