Acordó ex edil de Allende con Los Zetas no intervenir en secuestro: PGJE

SALTILLO, Coah., 19 de noviembre de 2016.- En relación a los hechos ocurridos en marzo de 2011, en el municipio de Allende, Coahuila, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, ha realizado diversas investigaciones y segmentado en varias etapas la investigación.

Se añadió en un comunicado que, la tercera etapa de la investigación consistió en la consignación del ex alcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodríguez y otras personas, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

La detención del ex funcionario fue en acatamiento a una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial, en razón de que la Subprocuraduría ofreció elementos de prueba que demuestran la forma de intervención como cómplice por omisión y derivado de las diversas diligencias desahogadas en la etapa de averiguación previa, se advierte que el ex alcalde tuvo conocimiento que personas pertenecientes al grupo delictivo de Los Zetas, el 20 de marzo de 2011, allanaron un domicilio de la familia Garza, donde con lujo de violencia privaron de la libertad a tres integrantes de esta familia, para trasladarlos al rancho conocido como Los Garza, ubicado en la carretera Allende-Villa Unión.

La PGJE resaltó que el ex alcalde consintió estos actos, ya que se encontraba en el exterior de su domicilio, frente al domicilio de la familia Garza.

Además, derivado de las indagatorias, previamente a la comisión de estos hechos, tuvo conocimiento de que los mismos iban a ocurrir toda vez que el ex alcalde y otro funcionario de ese momento, tuvieron una reunión con el grupo delictivo de Los Zetas, quienes les informaron sobre los ilícitos que iba a realizar, donde acordaron no intervenir para facilitar su comisión.

“Pues dolosamente omitió llevar a cabo acciones tendientes para evitar en lo posible la lesión al bien jurídico tutelado por la norma que en la especie lo es la libertad.

“En su calidad de servidor público, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, tenía el deber jurídico de actuar en función de su cargo, como lo es velar y preservar la seguridad pública”, sentenció la PGJE.