Acotar el fuero, no desaparecerlo, reiteran PRI y PRD en la Cámara de Diputados

Por Moisés Sánchez Limón

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero (Quadratín México).- En un plazo máximo de tres semanas la Cámara de Diputados determinará el futuro del fuero del que gozan legisladores y funcionarios públicos.

El objetivo, sostuvo Manlio Fabio Beltrones Rivera, es acabar con la impunidad, aunque ello no implica desaparecer esa figura jurídica, sino acotarla.

En declaraciones al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, Beltrones Rivera, coordinador de la diputación federal del PRI, y su contraparte del PRD, Silvano Aureoles Conejo, mantuvieron su postura de no desaparecer el fuero constitucional, contra la del Partido Acción Nacional que aboga por abrogarlo.

De acuerdo con las previsiones legislativas de Beltrones, planteadas el pasado 30 de enero, se cumplió con aprobar la reforma a la Ley de Amparo; ahora procede el tema del fuero constitucional, cuya minuta fue recibida del Senado de la República y se encuentra en proceso de análisis.

Al respecto, Manlio y Silvano Aureoles consideran que en un plazo máximo de tres semanas estará listo el dictamen relativo a dicha minuta, con el fin de llevarlo al pleno para su discusión y, de proceder, aprobación. Incluso, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática informó que para mañana martes está convocada la Comisión de Puntos Constitucionales para continuar con la afinación del dictamen.

El legislador perredista en consonancia con Beltrones Rivera dijo que la pretensión no es eliminar totalmente la figura del fuero, sino acotarla. El objetivo, terció Manlio, es eliminar el fuero como factor de impunidad, pero acotarlo en términos de inmunidad.

POLICIAS COMUNITARIAS

Por lo que concierne a las policías comunitarias, o ciudadanos que han decidido cubrir la ausencia de vigilancia en sus comunidades, como ocurre en Guerrero y Michoacán, Manlio Fabio Beltrones dijo que preocupa su aparición porque se están generando signos de ingobernabilidad.

Estimó que los gobernadores deben replantear sus sistemas de seguridad, porque su obligación es brindarla a los ciudadanos. “El Estado debe hacer su trabajo y no refugiar su incapacidad en la organización de las comunidades”, indicó.

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