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CELAYA, Gto., 13 julio de 2023.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSC) incurrieron en violaciones graves a derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura contra habitantes de la comunidad Rincón de Tamayo.
Lo anterior, durante la realización de un operativo policiaco, ante el rechazo de habitantes a la apertura de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado (JUMAPA) el 15 de enero de 2023.
Un integrante del Comité de Familias Afectadas de Rincón Tamayo presentó una queja ante este organismo nacional en la que denunció que, en esa fecha, los agentes de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza pública y ocasionaron lesiones a varios vecinos, por lo que se inició el expediente respectivo.
La investigación realizada por personal de la CNDH permitió constatar violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal de los pobladores de esa comunidad, atribuibles a elementos de dicha corporación.
Como contexto, el día 15 de enero el titular de la Junta solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya para acompañar las labores de mantenimiento en el inmueble.
Por lo que 16 elementos de la corporación acudieron con un equipo antimotín para establecer una barricada, momento en el que fueron agredidos por un grupo inicial de 30 personas a las que, posteriormente, se sumaron 200 más, quienes les arrojaron piedras, palos y botellas con gasolina.
Ante ello, acudieron al lugar 10 unidades con 18 policías más.
El análisis de las evidencias permitió comprobar que, ante tales hechos, la SSC omitió adoptar medidas para atender las necesidades de la comunidad, tales como la realización de mesas de diálogo u otras alternativas de solución pacífica, previas a la realización del operativo de seguridad.
Tampoco se constató la presencia de personas que detonaran armas de fuego en contra de los policías o contra terceras personas, por lo que no se justifica que éstos realizaran disparos de arma de fuego, de manera indiscriminada, en contra de la población civil -entre quienes se encontraban personas adultas y menores de edad- de lo cual se concluye que su actuación no se ajustó a ningún estándar ni principio del uso de la fuerza.
Asimismo, los agentes emplearon gases lacrimógenos en contra de la población y sin advertencia previa, según se pudo apreciar en videos y fotografías captados el día de los hechos, lo cual ocasionó que la resistencia se agravara y derivara en un enfrentamiento de grandes proporciones que se prolongó por tres horas en varias calles de la localidad.
El uso de los gases provocó afectaciones temporales a la salud de varias personas.
Durante los hechos, la SSC detuvo a 23 personas, de las cuales nueve fueron remitidas ante el juez cívico por faltas administrativas y el resto puestas a disposición de la autoridad ministerial competente.
Sin embargo, todas coincidieron en acusar violencia por parte de los efectivos de esa corporación.
Al respecto, esta CNDH acreditó actos de tortura, consistentes en agresiones físicas, psicológicas y amenazas, que violentaron la integridad personal de las víctimas.
Asimismo, el día de los hechos se registraron violaciones al derecho a la privacidad e inviolabilidad del domicilio por el cateo ilegal y allanamiento de dos viviendas en que incurrieron los agentes municipales quienes al ingresar a dichos hogares también golpearon y amenazaron a sus moradores.
Como consecuencia de lo sucedido, la Presidencia Municipal de Celaya deberá ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familiares, misma que deberá ser publicada, junto con esta Recomendación, en medios locales y en la página de internet de la autoridad municipal durante un año.
Iniciar los trámites correspondientes ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato para que las víctimas directas e indirectas de las violaciones graves a derechos humanos documentadas puedan acceder a la reparación integral del daño y se les otorgue la compensación respectiva, atención médica, psicológica y de rehabilitación.
También se solicita su colaboración para dar seguimiento a las denuncias que se presenten ante la Contraloría Municipal y la Fiscalía General de la entidad, respectivamente, en contra de las personas servidoras públicas involucradas y capacitar al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya en materia de derechos humanos, prevención y erradicación de la tortura, y el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, a fin de prevenir situaciones similares.