Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo de 2019.- El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez suma una nueva denuncia en su contra, ahora porque presuntamente durante su gestión suministró medicamentos piratas a pacientes con cáncer.
Duarte Jáquez está acusado por la actual administración estatal de Chihuahua, de encabezar una serie de desviaciones del dinero público por al menos mil 200 millones de pesos, por lo que se exige su extradición y encarcelamiento.
Pero este jueves, el gobernador Javier Corral Jurado, aseguró que durante la administración de su antecesor César Duarte, a varios pacientes enfermos de cáncer, “les suministraron medicamentos piratas, que fueron adquiridos a sobreprecios de hasta un 300 por ciento”.
Según explica un comunicado, se trata de una investigación de por lo menos un año que realiza la Fiscalía General del Estado, como parte de las indagatorias que se llevan de la Operación Justicia para Chihuahua, respecto a distintos delitos de peculado agravado cometidos en el pasado sexenio.
El mandatario estatal explicó que los medicamentos oncológicos piratas datan del año 2012 y fue descubierto cuando un paciente, al acudir a una consulta al hospital Christus Muguerza, en un servicio subrogado por Pensiones Civiles del Estado, los médicos detectaron que el medicamento Abastin que le recetaron, en realidad se llamaba Sebasisumab, por lo que existía una alteración.
“Vieron las características del frasco, de la etiqueta, las dimensiones inferiores en el cuello del frasco y el ámpula y reportaron ese hecho”, agregó Corral.
A raíz de este descubrimiento, desde Pensiones del Estado se solicitó a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) que los revisara; posteriormente el laboratorio Roche, que es el titular de la patente, confirmó que el producto estaba fuera de las especificaciones requeridas.
El titular del Ejecutivo manifestó que a partir de ahí iniciaron una serie de acciones por funcionarios de Pensiones, para tratar de encubrir esta alteración de medicamentos, “se llegó al extremo en 2015, de ordenar destruir los medicamentos que habían sido sujetos del estudio por Roché en una solicitud de Coespris, para no dejar huella”, expuso Corral.
No obstante el intento, fueron conservados algunos documentos que permiten identificar varias de las etapas de este proceso y se aseguraron 13 cajas de dicho medicamento.
Manifestó que no solo se trata del robo de dinero para beneficio personal, sino que con esas acciones pusieron en riesgo a las personas que recibían la medicina, que incluye un universo importante de afectados.
Aclaró que aunque hay 14 personas fallecidas que recibieron el medicamento, aún se desconoce si sus decesos están relacionados precisamente con el producto, “son casos complicados porque tenemos qué probar que se usaron y ver si podemos acreditar si alguien falleció porque se le aplicó el medicamento”.
De momento, precisó, se reúnen cada vez más elementos y esperan pronto poder concretar el cierre de las investigaciones, porque hay un conjunto de 5 o 6 involucrados que se dieron cuenta de los hechos, según consta en algunas de las actas firmadas.
Corral calificó como perversa esta operación, al aprovecharse de los sobreprecios y además, cometer el acto inhumano de suministrar productos piratas, arriesgando la vida de las personas, en una ambición desmedida e insaciable de dinero, “era una obsesión enfermiza el disponer de cualquier forma de los recursos”.
Anunció que a diferencia de la anterior administración, en su Gobierno los pacientes con cáncer recibirán una mejor atención con la adquisición de un “acelerador lineal”, que será ubicado en el Centro Estatal de Cancerología, donde para su instalación invertirán 120 millones de pesos.