
Descarta Brugada incremente inseguridad tras asesinato de Ximena y José
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2025.- En quinto conversatorio sobre la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, advirtió sobre el registro nacional de usuarios de telefonía móvil, la salvaguarda a la privacidad y a la protección de datos personales.
Ante senadores de la República manifestó su preocupación por este artículo en la iniciativa presidencial, pues alertó que las regulaciones en este punto son muy débiles y las consecuencias pueden ser devastadoras para los derechos; también las facultades discrecionales para interferir comunicaciones por parte de las agencias de seguridad pública.
“Boquear señales o cancelar señales de telecomunicación, esto que se llama los apagones de Internet bajo criterios muy amplios y ambiguos, ya está plenamente documentado. Incluso la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo referencia al respecto sobre los apagones de Internet: hay que tener mucho cuidado con eso y hay que de preferencia eliminar esas facultades discrecionales”, conminó.
El director de Artículo 19 reiteró que el diseño institucional que propone esta ley preocupa en términos de la concentración en una Agencia del Ejecutivo federal. “Si bien recibimos con beneplácito la propuesta de qué se va a avanzar hacia un órgano colegiado, se necesitan salvaguardas y garantías de independencia, precisamente para garantizar los derechos de usuarios, precisamente para la garantía de los derechos de audiencias”, puntualizó.
Por su parte, Hilda Saray Gómez González, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA, A.C.), apuntó que desde 2009 la dirección de los derechos de las audiencias se equiparan al mismo nivel que la libertad de expresión y el derecho a la información.
Subrayó que se puede documentar en estudios, congresos y movilizaciones de la academia, profesionales de los medios, periodistas y organizaciones sociales, que a lo largo de casi dos décadas coinciden en un principio fundamental: “las audiencias somos sujetos de derecho, el derecho de las audiencias son derechos humanos”.