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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2019.- Existen elementos suficientes para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para constatar que, en México, sigue existiendo un problema de discriminación y violencia en agravio de las poblaciones homosexual, el cual advierte pone en riesgo sus derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad jurídica.
El Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México, remitido por el organismo defensor de los derechos humanos al Senado de la República conmina al Estado mexicano a nivel federal y estatal a fortalecer las acciones para combatir los fenómenos sociales conocidos como bullying y mobbing por motivos de homofobia, transfobia y bifobia, focalizados en el ámbito escolar y laboral.
De acuerdo el documento, las constantes violaciones cometidas en su agravio obedecen a prejuicios y estigmas profundamente arraigados en la sociedad, e incluso dan pie a conductas por parte de las personas servidoras públicas, que se conducen con rechazo e intolerancia hacia las diversas orientaciones, identidades y expresiones de género.
Estos hechos requieren de atención especial no sólo de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las personas LGBTI, sino de todas las autoridades que conforman al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno.
Para la CNDH es insuficiente el reconocimiento de los derechos humanos en el plano normativo para su pleno ejercicio por parte de las personas LGBTI, por lo que es necesario que esté acompañado del diseño e implementación efectiva de políticas públicas que contemplen medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas dirigidas de manera integral a la prevención y eliminación de toda forma de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.
En acciones encaminadas a eliminar estereotipos y promover los derechos humanos de las personas LGBTI en el ámbito educativo, solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsar la educación sexual y reproductiva, laica y basada en evidencia científica, que comprenda un abordaje sociocultural de la sexualidad, desligada de la reproducción y como una dimensión más de la vida de las personas, para su mejor comprensión y atención, así como para contribuir con la reducción de actos de discriminación motivados por orientación sexual, identidad y expresión de género.
Además, coordinar y dar seguimiento a la elaboración e implementación efectiva de protocolos por parte de las entidades federativas que incluyan consideraciones para abordar casos de bullying homofóbico, lesbofóbico y transfóbico en el marco del Programa Nacional de Convivencia Escolar y de las Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica y la normativa interna aplicable.
Para ello, además de contenidos formales en los planes de estudio, la CNDH señala que se debe contar con reglamentos, protocolos, lineamientos o manuales de actuación en situaciones de acoso escolar o bullying homofóbico, bifóbico y transfóbico para ser atendidas sin discriminación y evitando la revictimización institucional.
En recomendaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), la CNDH solicitó impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, a efecto de que todas las autoridades de la administración pública promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las personas LGBTI; y en su caso, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos, en los términos establecidos en el marco normativo nacional e internacional.
Crear e instrumentar una política de Estado de carácter transversal y con enfoque de derechos humanos, definida a favor de la inclusión y el respeto a la diversidad, la orientación sexual, la identidad, expresión de género y las características sexuales que observe los estándares internacionales.
Impulsar las reformas legales y reglamentarias necesarias a fin de dotar a las áreas del gobierno encargadas de generar políticas públicas en favor de la cultura de la igualdad y la no discriminación, de atribuciones para coordinar de manera más eficaz, mediante consejos inter institucionales, las políticas públicas en esta materia en toda la Administración Pública Federal.
Y fomentar la inclusión y reconocimiento de la diversidad de la población LGBTI de forma integral y transversal en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019- 2024, así como en todos aquellos que sean materia de esa Secretaría, a efecto de homologar estrategias de acción y protección a sus derechos humanos.
El documento incluye propuestas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cámara de Senadores, Fiscalía General de la República, a las Procuradurías y Fiscalías de justicia de las entidades federativas, las secretarías de Salud federal y estatales, autoridades laborales, a la Función Pública, y a los Poderes Legislativos de los estados.