Advierte FGR que extraditar a Rocha requiere pruebas y desafuero

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación formal para determinar si existen datos de prueba suficientes que establezcan la probabilidad de una conducta delictiva y fundamenten una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la institución, este procedimiento es indispensable para validar la solicitud de detención provisional emitida por el Gobierno estadounidense, asegurando que cualquier acción judicial se realice bajo el estricto cumplimiento de la normatividad vigente y el respeto a la soberanía nacional.

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, precisó que la solicitud enviada por las autoridades de los Estados Unidos no se acompaña actualmente de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes sobre los hechos narrados.

En este sentido, Lara López subrayó que, conforme a la legislación mexicana y el tratado bilateral en la materia, la extradición solo puede concederse si se determina que las pruebas presentadas son suficientes bajo las leyes de nuestro país, lo que obliga a la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales a realizar un análisis exhaustivo de la documentación recibida.

Juicio de procedencia

Además de la acreditación de pruebas y la obtención de una orden de aprehensión por parte de una autoridad judicial, el vocero enfatizó que la condición jurídica de los funcionarios estatales implica una barrera procesal adicional.

En el caso particular del gobernador de Sinaloa, Lara López señaló que la legislación mexicana requiere iniciar un juicio de procedencia ante el Poder Legislativo para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal, o fuero, de la que goza el mandatario, paso sin el cual no sería posible proceder legalmente en su contra.

La FGR hizo un llamado a la confidencialidad, advirtiendo que la divulgación de los detalles de la solicitud de extradición contraviene tanto la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas como las propias peticiones de secrecía del gobierno estadounidense.

Y bajo la premisa de que “al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”, la institución reiteró que no se violentará el Estado de derecho ni las garantías inalienables de las personas requeridas, manteniendo el proceso bajo los canales legales y diplomáticos correspondientes.