Gabinete aseguró a 5 mil 344 migrantes en un día
CIUDAD DE MÉXICO a 7 de septiembre de 2016.- Ante la afectación a comunidades y personas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas exhortó a las autoridades mexicanas y al sector empresarial a aprender de los errores y garantizar la consulta adecuada.
“En un país multicultural como México, este diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos indígenas, estas consultas deberían producirse desde las primeras fases de cualquier proyecto de desarrollo y deben ser previas, libres e informadas, y cumplir con los estándares internacionales”, dijo Pavel Sulyandziga, presidente del Grupo de Trabajo.
Destacó que el principio de debida diligencia constituye el núcleo de los Principios Rectores de empresas y derechos humanos.
El grupo evaluó la situación de un proyecto del parque eólico en Juchitán, Oaxaca; el proyecto de carretera en Xochicuautla, Estado de México; así como los proyectos en el río Sonora y en el río Santiago, en Jalisco.
También señalaron que el proceso en curso para desarrollar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos ofrece una oportunidad para traducir los compromisos políticos en acciones, permitiendo al Gobierno ejercer liderazgo.
“Evitar daños o impactos negativos a las personas, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, no debería considerarse una carga sino una oportunidad para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible. No se trata de ser generosos, sino de respetar derechos”, comentó Dante Pesce, miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.
México carece, añadieron, de un marco de política coherente para la debida diligencia y la inadecuada implementación de las leyes y reglamentos.
La comitiva tuvo conversaciones sustantivas con más de 100 representantes de las autoridades del Gobierno, visitó cuatro Estados y escuchó testimonios de unos 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas, pueblos indígenas, así como representantes de empresas, tanto privadas como estatales.
El informe final del Grupo de Trabajo que incluirá conclusiones y recomendaciones, se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2017.