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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2021.- Con carteles de “Al Diablo las Instituciones”, senadores de la oposición manifestaron su desacuerdo y lanzaron críticas contra el #DecretazoPresidencial, al tiempo de advertir una controversia constitucional; mientras que Morena defendió la decisión del Ejecutivo federal con base a sus facultades.
La sesión ordinaria de este martes arrancó con las intervenciones de senadores que consideraron que el “decretazo” constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes, es una verdadera ofensa para la legalidad del país.
Desde su escaño, la panista Xóchitl Gálvez advirtió que la dimensión de este decreto es grave, delicado, viola los derechos humanos, el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, pues con el argumento de seguridad nacional prácticamente van a poder construir cualquier cosa.
La morenista Antares Vázquez Alatorre defendió: “No se puede desconocer que el Poder Ejecutivo es unipersonal, es del Presidente, y su gabinete depende de las decisiones de él, y está dando un decreto que facilita las cuestiones administrativas que no brinca los permisos, simplemente que agiliza las tareas que tiene el gobierno para llevar a cabo las obras de infraestructura que se tienen proyectadas”.
El morenista Alejandro Armenta Mier secundó que se habla de obras trascendentes y señaló que no se ha entendido lo que significa el Tren Interoceánico, el segundo canal ferroviario más importante del continente, después del canal de flujo de mercancías del continente europeo al continente asiático.
“No estamos hablando de la Estela de la Luz corrupta del gobierno panista, ni tampoco estamos hablando de la barda de la refinería imaginaria de Calderón, estamos hablando de obras trascendentes para el desarrollo del país, sólo para diferenciar”, refutó.
También desde su escaño, el panista José Alfredo Botello Montes previó el comportamiento al asegurar que no se podía esperar menos del Presidente. El senador del PAN refirió la opacidad total que tuvo la construcción del segundo piso, incluso se atrevió a reservar, por más de una decena de años la información.
De tal manera que se extrañe este acuerdo, “lo que sí nos extraña es que las leyes que emanan de este Poder Legislativo pretendan ser borradas con un acuerdo, un acuerdo totalmente a todas luces inconstitucional”.
Y en defensa del Poder Legislativo, Botello Montes emplazo a la solicitud para que la Presidencia de la Cámara de Senadores formule las actuaciones correspondientes para que se defienda el poder de las leyes.
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a considerar como interés público y seguridad nacional y prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, distintos proyectos y obras asociadas a la infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades: energético, puertos, aeropuerto y aquellos que por su objeto, característica, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren así.
El senador Gustavo Madero afirmó que esto violenta el marco constitucional, al entenderse por seguridad nacional las acciones destinadas de manera inmediata e indirecta a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, con lo que se pretende proteger a la nación de amenazas y riesgos.
“La falta de acceso a la información, el uso discrecional de los recursos públicos y el desprecio por la rendición de cuentas son los elementos que marcan la opacidad del actual gobierno federal que se esconde en un retórico discurso de combate a la corrupción”, reprobó el integrante del Grupo Plural.
Y advirtió: “No podemos dejar del lado que, dentro de una sociedad de verdadera democracia, se debe garantizar que la sociedad en general tenga el mayor acceso a la información pública. Debe llamar nuestra atención el desmantelamiento de la vida civil, el desprecio de nuestras instituciones democráticas y la lamentable opacidad que propone el gobierno propio de estados conservadores que no gustan por rendir cuentas ni estar sujetas al escrutinio público”.
La priista Claudia Anaya Mota advirtió que el “decretazo” constitucional no solamente lleva a la opacidad de las contrataciones, de las adjudicaciones directas, de la construcción de varias de estas obras de las que hoy ya se quiere reservar información; “se han estado utilizando y contratando empresas fantasmas o bien que a quien se adjudica la obra son empresas que no tienen experiencia en el ramo y todo esto se quiere dejar sepultado en un manto de opacidad”, lamentó.