CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó a sociedad y autoridades sobre la existencia en México de 21.3 millones de personas en rezago educativo, a pesar de que el promedio de la armonización del derecho a la educación en las legislaciones locales es del 85.31 por ciento, lo que evidencia la importancia de que las leyes impacten en la vida de las personas y se materialicen para el pleno ejercicio de sus derechos.

De acuerdo a un comunicado, al presentar la Plataforma de Armonización Normativa. Análisis en Materia de Educación, el Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, reveló que esa herramienta, implementada por la Comisión Nacional, registra los avances que se dan en la recepción dentro del orden jurídico nacional de las normas contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

En ese contexto, destacó que las entidades federativas que cuentan con el 92% de armonización normativa del derecho a la educación son Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. y las que presentan avance menor al 80 por ciento, Nayarit, Oaxaca y Puebla, lo cual indica que la armonización normativa es fundamental para facilitar la exigibilidad de derechos a las autoridades, además de impactar en la vida de las personas, es decir, materializarse mediante su aplicación.

Explicó que en el caso de nuestro país, de acuerdo con el examen normativo efectuado, se identificó el siguiente avance: al derecho a recibir educación con disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (100 por ciento); a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (95 por ciento); a la libertad de expresión (64.38 por ciento); a la libertad de información y comunicación (73.13 por ciento); a los beneficios de la cultura (97.5 por ciento); al acceso al progreso científico y tecnológico (98.75 por ciento); a la no discriminación (85 por ciento); al acceso a los servicios educativos a personas con discapacidad (91.25 por ciento); libertad académica y autonomía en instituciones de educación superior (65 por ciento); y, no regresividad (83.13 por ciento).

Al leer un mensaje en representación del Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, el Sexto Visitador de la CNDH indicó que a partir de 2011 en México se presentó un nuevo escenario constitucional en materia de derechos humanos, que impacta de manera positiva en la vida de las personas respecto del reconocimiento a su dignidad y amplia el catálogo de fuentes de derechos que pueden exigir todas las personas, con base en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.

Expresó que dicho carácter vinculante motiva necesariamente acciones para su incorporación a la legislación, siendo la primera de ellas, la armonización normativa que los haga operables y aplicables a casos concretos, con el propósito de acercarlos a toda la población para que conozcan sus derechos y, por supuesto, a los operadores jurídicos, en específico autoridades, para que realicen su actividad de manera efectiva.

El Ombudsperson nacional subrayó que se ha dado un paso muy importante al integrar las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al sistema jurídico nacional; sin embargo, de no impulsar su efectivo cumplimiento, sería crear letra muerta en nuestras leyes, situación que no se puede permitir.

Carmona Tinoco agregó que la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para cumplir las obligaciones contenidas en instrumentos internacionales vinculantes para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y recordó que recientemente este Organismo Nacional consideró que la falta de un verdadero reconocimiento y respeto del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en el país, demanda fortalecer e implementar medidas sustantivas en los ámbitos federal y estatal para transitar plenamente como nación a ese modelo educativo en todos los niveles (educación básica, media y superior), y así garantizar ese derecho a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Por su parte, el senador Rubén Rocha Moya, Presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, indicó que con motivo de la reforma educativa que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión, se ha destacado la necesidad de incorporar en el proyecto de dictamen los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad, para conceptualizar la educación desde una perspectiva más humanitaria y contribuir a la formación de ciudadanos con sentido ético y crítico, capaces de colaborar en el desarrollo de la sociedad.

Paloma Villagómez Ornelas, Directora General Adjunta de Lineamientos de Medición de la Pobreza y Desarrollo Social del Coneval, dijo que la evaluación de los programas sociales y la medición de la pobreza no son entes abstractos, de ahí la importancia de la Plataforma de Armonización elaborada por la CNDH, porque integra diferentes indicadores en materia de educación que señalan disminución en su rezago aunque persisten factores de desigualdad para algunos grupos poblacionales como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas.

Ana Karina Puga, Gestora Intercultural, Líder del Proyecto de la organización Educación para Compartir, detalló que durante el trabajo desarrollado en escuelas de diversos estados del país, ha identificado algunos retos en esta materia, como acoso escolar, interculturalidad y preservación de las lenguas indígenas, inclusión de la niñez en contexto de migración, integración de las personas con discapacidad en los espacios educativos, igualdad de género, inseguridad en el entorno escolar y discriminación de niñas y niños que viven con VIH, entre otros.