Alto al fuego de la guerrilla colombiana no pone fin al conflicto

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de octubre de 2016.- Finalmente, la mitad de los colombianos (50.2 por ciento) este domingo dijeron No al Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC–EP) frente a un 49.7 por ciento a favor del Sí, sin embargo, para InSight Crime “un retiro de los guerrilleros del campo de batalla no significaría el fin del conflicto interno del país”.

Un análisis de este Centro de Investigación de Crimen Organizado señala que la construcción de una Colombia “posconflicto” será una tarea tan difícil como las negociaciones, debido al enorme botín criminal que ofrecen las actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de drogas.

Otros grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como las organizaciones de tráfico de drogas, aprovecharían la desmovilización de las FARC para apoderarse de sus antiguos territorios, advierte.

Incluso la Institución Brooking (centro dedicado a la función pública a través de la investigación y la educación en las ciencias sociales, especialmente en economía, gobierno y política exterior) también apunta a este grupo izquierdista –con el que no se han iniciado las negociaciones de paz– como promotores del tráfico de drogas, así como grupos narcotraficantes mexicanos que operan en Colombia o nuevos grupos colombianos.

Según estimaciones de InSight Crime, existe un alto riesgo de que hasta un 30 por ciento de algunos elementos de las FARC hubieran ignorado el Acuerdo de Paz firmado el pasado 26 de septiembre, atestiguado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon y Jefes de Estado, y continuarían participando en actividades criminales.

“El auge del tráfico de cocaína en Colombia podría ser el principal promotor de la nueva dinámica criminal del país y la mayor amenaza para la paz en el futuro”, considera. También porque los cultivos de coca se han duplicado desde que comenzaron las conversaciones de paz, debido a la polémica decisión del presidente Juan Manuel Santos de detener las fumigaciones aéreas.

Colombia está produciendo al menos 650 toneladas métricas de cocaína al año y este enorme mercado servirá para financiar una nueva generación de disidentes guerrilleros, enjuicia el Centro de Investigación de Crimen Organizado.

A su vez, prevé que esto generaría mayores conflictos entre los grupos armados que pretenden controlar el comercio ilegal de la droga.

Ante este escenario, plantea una grave amenaza para la misión del Estado que busca establecer gobernabilidad en las zonas donde las FARC han sido la única autoridad de facto durante décadas.

“El gobierno tendrá que esforzarse para implementar efectivamente las reformas de la política de drogas que ha prometido, si quiere evitar que otros grupos continúen lo que las FARC han dejado”, aconseja.

El proyecto del “postconflicto” desde un principio pareció haber encontrado obstáculos: las FARC y el gobierno estaban en desacuerdo acerca de cuándo debía arrancar el proceso de desarme de la guerrilla, cuándo entregarían información sobre sus armas y sobre el número de miembros a los observadores de las Naciones Unidas para que comenzarán a trasladarse a las zonas de concentración.

Aunado al plebiscito donde una votación marcada por la baja participación de los colombianos finalizó con seis millones 351 mil 474 por el Sí al Acuerdo de Paz contra seis millones 411 mil 832 por el rotundo No.

¿Qué pasará con el Acuerdo de Paz?

En un escenario impensado e impredecible, el documento firmado por el Gobierno colombiano y las FARC se encuentra caído y se interrumpe el proceso de desmovilización y entrega de armas de los guerrilleros.

Surgen nuevas interrogantes sobre las posibilidades de una renegociación, pues ninguna de las partes está obligada a cumplirlo.

Algunos creen que el voto por el No debería ser interpretado por el Gobierno y las FARC como la necesidad de un replanteamiento de varios puntos de la negociación. Entonces, se estaría en la obligación de reestructurar la comisión de negociación e incorporar otros representantes de la sociedad para reorganizar aspectos.

Preocupados por la virtual impunidad o las penas menores que el acuerdo le garantizaba a los acusados de brutales crímenes que causaron dolor durante más de 50 años y relacionados con el narcotráfico, millones de colombianos se inclinaron porque líderes guerrilleros deberían ir a la cárcel no a la política.

Además de una exigencia de varios sectores de la sociedad que exigen que las FARC entregue el dinero que presumiblemente tienen escondido.

Aunque el Acuerdo de Paz se haya caído y con ello el proceso de concentración de guerrilleros, desmovilización y entrega de armas entró a un impasse, el grupo guerrillero se comprometió que aunque el No venciera en el plebiscito, las FARC no volverían a la guerra.

Lo que parece ser cierto para InSight Crime, es que especialmente si las FARC ya no es considerada una organización terrorista, cualquier disidente guerrillero perderá todo estatuto político y será tratado como un criminal común.

Los funcionarios del gobierno ya dejaron claro que este tipo de grupos se enfrentarán con toda la fuerza de los militares.